Ello, explica Flora Gutiérrez, fundadora de la Red de Abogadas Indígenas, porque este año más de 60 municipios, en cuyo Sistema Normativo Interno se contempla la renovación de autoridades anualmente, tendrán que elegir a sus autoridades.
“El IEEPCO tiene que hacer su trabajo, no necesita aprobar un acuerdo general porque está la ley. Tendrían que dar cumplimiento, las elecciones ordinarias ya pasaron, ya no se pueden cambiar, pero lo que tiene que hacer es vigilar, porque este 2023 se renuevan más de 60 municipios que se rigen por un año, están en la Sierra Norte, en la zona de Ixtlán y la parte mixe, y algunos de la Mixteca”.
El mayor problema, dice, son los ayuntamientos de tres años, pues los que se renuevan anualmente muestran mayor apertura a lograr la paridad.
A ellos se suman 11 municipios que ante la imposibilidad de realizar elecciones, o tras impugnaciones, se mantienen gobernados por comisionados, mientras se realizan asambleas extraordinarias.
Para Flora Gutiérrez, que los municipios indígenas no hayan alcanzado la paridad no sólo es responsabilidad del IEEPCO, sino también del Tribunal Electoral, pues mientras el instituto no aprobó elecciones donde no se siguió ni siquiera el criterio de progresividad, las que llegaron al TEEO fueron validadas.
“El TEEO tiene que cambiar sus criterios porque de pronto señala que las mujeres no quieren participar, o que es una carga, pero a veces no se entiende el contexto comunitario. Aún cuando sus sentencias dicen que se aplique perspectiva de género e interculturalidad, no lo están haciendo”, señala.
“Es como decir a las mujeres no salgan a tales horas o no se vistan de tal forma porque, si lo hacen, se están exponiendo a que las agredan, a que sufran violencia. Trasladándolo al contexto de participación política, es exactamente lo mismo”, y agrega que la violencia política es un indicador del machismo arraigado en las comunidades.
“Es muy lamentable que el Congreso y otras instituciones secunden este discurso, cuando lo que tendrían que hacer es generar política pública para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres”, señala,