Para Rosa María la comunidad afro tiene una larga tradición de lucha, primero para ser libres en un país donde fueron esclavos y luego, tras décadas de ser “invisibles”, pues no tenían reconocimiento constitucional. Hace dos años lograron figurar en la Constitución Mexicana.

Ahora las mujeres afros, principalmente, dan la batalla para ser tomadas en cuenta por los partidos políticos para aspirar a un puesto de elección popular. Buscan y exigen estar representadas en las presidencias municipales , en el Congreso local y federal, a la par que luchan por tener acceso a salud , educación y a una vida libre de violencia.

“Logramos el reconocimiento, luego peleamos por ser contados para existir en las estadísticas y que se crearan políticas públicas adecuadas al pueblo negro. Ahora peleamos para que nos consideren en los puestos de elección y nos lo niegan. Vamos a los tribunales y volvemos a ganar y nos vuelven a negar el derecho. Es un golpe a la negritud”, dice.
Su postura se debe a que Rosa María, junto con la zapoteca Karina Regalado, acababan de hacer historia al lograr que el máximo tribunal electoral revocara la resolución de la Sala Regional Xalapa, que a su vez confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), por el cual se anulaban algunos lineamientos a favor de la participación de grupos minoritarios.

Dichos lineamientos consistían en impulsar la paridad de género y la participación de indígenas, afromexicanos, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes, publicados por el Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca el pasado 4 de enero.
Por esta razón, Rosy considera que en Oaxaca los partidos políticos siguen invisibilizando al pueblo negro y más a las mujeres afros, por eso nuevamente en la contienda electoral 2021 la comunidad afromexicana volverá a estar sin representatividad.
A pesar de su logro y el rechazo de su partido a incluirla a ella u otra afromexicana, Rosy toma fuerza para continuar su lucha por sus derechos políticos, así que se alista para llegar ante el IEEPCO con la ley en la mano y exigir que se respete su derecho.