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Para Leyva Madrid son varios los factores que han provocado esta violencia, el primero relacionado con la “enorme impunidad”, resultado de la política de caciques que aún existe en muchos lugares de Oaxaca, y la falta de una Fiscalía General que realmente asuma su tarea de investigar este tipo de crímenes.
Leyva Madrid considera que el nuevo gobierno deberá revisar la procuración de justicia y generar los cambios necesarios para asentar sistemas de protección de personas defensoras y periodistas para acabar con la impunidad.
“Sabemos que es un reto fuerte, pero es importante y necesario que se haga, que se tomen las acciones (...) para atacar esta impunidad”, señala.
En la violencia contra las mujeres, Angélica Ayala Ortiz, presidenta de GESMujer, señala que hay una deuda muy grande.
Aquí también la impunidad prevalece, situación atribuible al actuar de la Fiscalía General de Oaxaca, que impidió la aplicación de sanciones a agresores.
Al respecto, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), coincide en que desde el panorama nacional se observa que Oaxaca es uno de los estados más violentos para las mujeres, pues prevalece una situación de impunidad.
Señala que el gobierno de Jara Cruz debe actuar con perspectiva de género y revisar el cumplimiento de las medidas que se establecieron a partir de la emisión de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad.
“Hay un gran desafío por el contexto de patrón de impunidad y en el caso de Oaxaca vemos mucha protección a los feminicidas”, sentencia.
De acuerdo con GESMujer, se requiere que el nuevo gobierno realice actuaciones puntuales que inicien por la sensibilización y capacitación de servidores públicos, así como evaluaciones de desempeño de cada área que atienda la problemática.
Angélica Ayala suma la necesidad de transparentar el manejo de los recursos públicos dirigidos a atender la violencia, dar a conocer cómo se aplican y dónde.
En materia de gobernabilidad, la administración entrante tiene el reto de construir una relación institucional con los movimientos sociales para fortalecer la interlocución con las comunidades indígenas, señala el activista Héctor Sánchez López, fundador de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo.
Se trata, explica, de que no se repitan los viejos esquemas de cooptación, pero tampoco se debe apostar a la desaparición de los movimientos.
Para el dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Carlos Beas Torres, Jara debe buscar el diálogo con las poblaciones impactadas con el Corredor Interoceánico que buscan respuestas ante las afectaciones.
Se necesita, considera, interlocución civil con las comunidades indígenas.
