De las 11 mil 78 personas que aspiran a cargos de elección popular, quienes tienen medidas de protección representan el 0.78 por ciento del total de contendientes en el proceso electoral 2023-2024.
La dependencia detalló que en el proceso electoral 2017-2018 se iniciaron 232 carpetas de investigación por hechos violentos relacionados directamente con la contienda política; en tanto, en el proceso 2023-2024 se contabilizan 124 carpetas de investigación, 94 de ellas por violencia política en razón de género.
Dijo que más del 99 por ciento de esas solicitudes responden a un tema preventivo o por antecedentes violentos en las comunidades, y no un ataque directo a las o los candidatos, como ha sucedido en otros estados de la República.
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