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Oaxaca de Juárez.— La 64 Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca exhortó a las autoridades municipales de San Andrés Ixtlahuaca a abstenerse de realizar cualquier acto de molestia en contra de las ciudadanas Angélica Silvia Matadamas Lazcarez y Ramona Nicolasa López López, regidoras de Hacienda y Educación del ayuntamiento.
Los legisladores a través de un punto de acuerdo, puntualizaron, sobre todo, que estos actos de molestia no se configuren en algún tipo de violencia en razón de género, especialmente la de índole político.
Angélica Silvia Matadamas y Ramona Nicolasa López, regidoras del Ayuntamiento de San Andrés Ixtlahuaca, promovieron ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) un procedimiento Especial Sancionador, por supuestos actos de violencia política cometidos en su contra, por otros integrantes de su Ayuntamiento.
Tras notificarlo a la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral, el IEEPCO emitió medidas cautelares para ambas regidoras el 26 de noviembre de 2020 en la que vincula a diferentes dependencias estatales y al Poder Legislativo de Oaxaca para que de manera inmediata y en el ámbito de sus competencias tomen las medidas necesarias para proteger los derechos y bienes jurídicos de las dos mujeres.
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La diputada independiente Aleida Serrano dijo que es lamentable que la violencia hacia las mujeres en nuestro Estado siga en aumento, “especialmente la violencia política que se ejerce sobre nosotras, para impedírsenos tener una participación real y efectiva en la vida política, como en el caso de Angélica Silvia Matadamas y Ramona Nicolasa López”.
Los diputados de la 64 Legislatura del Congreso del Estado recordaron a las autoridades de San Andrés Ixtlahuaca que la violencia política por razón de género decretada por un órgano jurisdiccional, es causal para declarar la suspensión o revocación de su mandato.
Además, el acuerdo aprobado por los legisladores, es que las autoridades municipales deberán informar en un plazo no mayor a quince días naturales, a la Comisión de Igualdad de Género y a la Comisión Especial de Seguimiento a la Atención de Víctimas de los casos de Violencia por Razón de Género y Feminicidios del Congreso local, sobre las acciones implementadas para garantizar la protección de los derechos y bienes de las dos regidoras.