Plan B de la reforma electoral de AMLO: sin participación afro y LGBTIQ+, da más poder a partidos

*Segunda de dos partes

 

Oaxaca de Juárez.– El Instituto Nacional Electoral (INE) analizó en días pasados los “riesgos” que conlleva la implementación del Plan B de la reforma electoral que se encuentra en un impasse en el Senado de la República.

El INE expone que la modificación de las leyes aprobadas en diciembre pasado, por las que ya presentó una controversia constitucional, implican la transgresión a las condiciones de equidad en los comicios.

En el informe ejecutivo sobre las implicaciones de la reforma electoral, el instituto señala un claro retroceso en el principio de progresividad que debe primar en los derechos políticos.

“Las propuestas incluidas en la reforma en materia de acciones afirmativas y paridad son inviables, pues contravienen el principio de progresividad de los derechos humanos y el deber de no regresividad que, por un lado, obliga a todas las autoridades del Estado mexicano a incrementar gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y, por el otro, prohibe adoptar medidas que disminuyan su nivel de protección”, se explica en el documento.

 

 

Como lo informó EL UNIVERSAL en la primera parte de este reportaje, la propuesta legislativa establece que los partidos políticos deberán incluir 25 postulaciones de personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados o sub- representados, como lo son: comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, residentes en el extranjero y jóvenes.

 

Representación LGBTIQ+, a voluntad de los partidos políticos

 

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de la organización LGBT Rights México,  Enrique Vives, señala que la disminución de los espacios para la comunidad LGBTIQ+ es un claro retroceso en la presencia política de sus integrantes. “No es un tema partidista, sino de garantizar los derechos que se supone, históricamente, ya fueron ganados”, sostiene.

En Oaxaca, unas 211 mil 547 personas se reconocen como parte de esta comunidad, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en 2022.

Si el Plan B es aprobado tal y como está,  algunos partidos políticos que no incluyen a la comunidad LGBTIQ+ en su agenda de trabajo, como Acción Nacional, podrían omitir por completo la participación de personas de la diversidad sexual, señala el activista.

 

 

“Dar más poder a los partidos de decidir sobre los derechos de los demás, está mal”, agrega. 

No obstante, para Vives es necesario esperar a la implementación del Plan B en los comicios de 2024; aún así, insiste en que los grupos en situación de vulnerabilidad deberán estar alertas para garantizar su participación y postulación.

La participación de personas de la comunidad LGBT, dice, ha crecido en los últimos años en Oaxaca y el resto del país, prueba de ello, es que hay mujeres trans en curules federales; no obstante, los actos de transfobia por parte de otros políticos contra las representantes populares son recurrentes, lamenta. 

“La diputada de la CDMX por el distrito 13, América Rangel, por ejemplo, se refiere constantemente a las legisladoras trans como ‘hombres con peluca’”, lamenta y agrega que respetar los pronombres, identidad y orientación sexual, es el principio de la garantía de los derechos individuales y políticos. 

Señala que es la sociedad civil la que tiene la responsabilidad de ejercer la empatía para entender que todas las personas tienen los mismos derechos.  

Aunque en congresos locales también hay mujeres lesbianas y personas no binarias, Enrique Vives sostiene que hace falta que esos cargos se vuelvan espacios seguros, sobre todo en contextos como Oaxaca, en donde una parte importante de la comunidad LGBTIQ+ es  originaria de pueblos indígenas o tiene alguna discapacidad. 

La doble discriminación e invisibilización de esta comunidad dificulta el acceso a sus derechos políticos, afirma. 

 

 

Comunidades afromexicanas “quedan más vulnerables con Plan B”

 

De aprobarse el Plan B de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los grupos llamados vulnerables quedarán aún más y eso representará un retroceso en sus derechos políticos, electorales y de participación política, afirma Rosa María Castro Salinas, de la asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca.

Con esta iniciativa, explica, se reducen los espacios para que personas afromexicanas ocupen cargos de representación popular y de toma de decisiones, como en la Cámara de Diputados federal y en los congresos locales. Además, afirma que los espacios ganados en la lucha social quedarán en manos de las cúpulas partidistas o de poder.

Para la activista, la propuesta de reforma es preocupante porque en el caso de las personas afromexicanas o afrodescendientes los espacios ganados para la toma de decisiones son prácticamente nulos, pese a las acciones afirmativas implementadas por  organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE); ahora sus posibilidades de representación en las cámaras se reducirán aún más.

“En las pasadas elecciones, cuando se renovó la Cámara de Diputados federal, se asegura que hay seis diputados y diputadas de la población afromexicana a partir de las acciones afirmativas del INE; pero la realidad es que sólo hay un representante de la comunidad afrodesciente porque los partidos políticos han encontrado la forma de burlar” estas acciones. 

Entonces, señala, lo que se espera es que la acciones afirmativas se fortalezcan en las próximas elecciones y sean más específicas, con el fin de que estos espacios no sean ocupados por los partidos políticos con personas que no representan a la comunidad, y no lo contrario, como se advierte en el Plan B.

 

 

“Qué fue lo que sucedió en el proceso pasado: nos dicen que hay seis diputados y diputadas afromexicanas, pero realmente sólo hay una persona que está pugnando por la agenda de la comunidad, Sergio Peñaloza, del estado de Guerrero, quien surge además de la lucha social y es fundador del movimiento negro en México. Pero como es el único que lleva la agenda, le cuesta muchísimo”, expresa.

Rosa María Castro sostiene que no sólo se trata de candidaturas, sino de que haya personas que efectivamente vayan a legislar a favor de los pueblos y comunidades afrodescendientes, que tengan relación con los pueblos y comunidades y que realmente conozcan los rezagos que hay en las comunidades.

“Si aún así que quedó muy bien establecido con las acciones afirmativas hubiera representantes, ahora con esta reforma se van a acotar mucho más los espacios”.

La integrantes de la Asociación de Mujeres de la Costa considera que el debate de los grupos vulnerables vendrá después, si se aprueba el Plan B de la reforma electoral de López Obrador, porque los pueblos indígenas y afromexicanos tienen el derecho a la consulta y en algún momento pueden hacer uso de este instrumento de corte internacional.

 

 

“En un momento dado, si la reforma se da, vendrán los procesos y avanzaremos en conjunto, pueblos indígenas y afromexicanos, pero también están otros grupos como las personas con discapacidad, de la diversidad sexual, que ven reducidos estos espacios. Creo que los pueblos y grupos tendremos que hacer un debate y recurrir al ejercicio de nuestros derechos”, afirma la activista.

Por último, opina que bajo ningún concepto se debe ir en retroceso de los derechos y que espera que la reforma electoral beneficie a los grupos que históricamente han sido discriminados y excluidos de la toma de decisiones.