Plan B de la reforma electoral de AMLO: un retroceso político para indígenas y grupos vulnerables

*Primera de dos partes

Luego de que este 1 de febrero se anunciara la reanudación del proceso legislativo en torno al Plan B de la reforma electoral, activistas, organizaciones, ciudadanos que se reconocen como indígenas, integrantes de la comunidad LGBTIQ+, migrantes, afromexicanos, juventudes y personas con discapacidad ven en esta iniciativa del gobierno federal un claro aumento en la desigualdad para acceder a las candidaturas.

El Plan B, señalan, implica un retroceso en los espacios ganados por grupos vulnerables para postularse y acceder a cargos de elección popular; mientras que en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, elimina su derecho a la libre determinación, autonomía y a elegir a sus autoridades bajo sus propios sistemas normativos.

La reducción de las acciones afirmativas implica que los partidos reserven al menos 25 candidaturas, de las 500 disponibles tanto por la vía de representación proporcional como por mayoría relativa, cuando en el 2021 se estableció la obligatoriedad de 50 fórmulas o candidaturas a una diputación federal.

En 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció acciones en las que se obliga a partidos políticos y coaliciones a destinar 30 fórmulas o candidaturas a personas indígenas para la elección de diputados, así como ocho a personas con discapacidad, cinco a migrantes y residentes en el extranjero, cuatro a personas afromexicanas y tres a personas LGBTIQ+.

De acuerdo con la Red de Mujeres en Plural, el Plan B de la reforma reduce los espacios reservados para cada grupo, sobre todo para personas indígenas; además, hay menos posibilidades de que personas en situación de discriminación ganen una curul, porque los coloca en los primeros 20 lugares de las listas de representación proporcional y no en los primeros 10.

También, las personas en situación de discriminación compiten electoralmente con personas que no están en ese supuesto y quita la posibilidad al INE e institutos locales de aprobar otras medidas afirmativas.

Con las acciones afirmativas aplicadas en la elección de 2021 en Oaxaca, por ejemplo, se logró que de las diputaciones electas 51 fueran mujeres (60.71%), 31 hombres (36.90%) y dos personas de la diversidad sexual. 

Mientras que de las concejalías electas, mil 279 fueron mujeres, mil 62 hombres y 76 personas de la diversidad sexual, según el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

El IEEPCO señala que de las diputaciones electas, 21 son indígenas (25%), una es afromexicana (1.1%), cinco son jóvenes y cinco mayores de 60 años (5.9% en ambos casos). En cuanto a las concejalías electas, mil 78 son indígenas, 46 son afromexicanas, 328 son jóvenes, 278 son mayores de 60 años y 172 son personas con discapacidad.

Estas cifras ponen de relieve la razón por la que Oaxaca resultaría afectada por el Plan B, pues es un estado que destaca por su diversidad cultural, número de personas indígenas y pueblos y comunidades indígenas y afromexicana. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2020), un millón 221 mil 555 personas mayores de tres años hablan una lengua indígena y 69.8% de la población se reconoce como tal; mientras que 194 mil 474 personas se reconocen como afrodescendientes. 

Por otro lado, 826 mil 323 personas en Oaxaca viven con alguna discapacidad o limitación al realizar sus actividades diarias, es decir, 19.9% de la población en el estado.

Discapacidad y discriminación

Para el activista oaxaqueño Agustín Marte, el retroceso del Plan B, para las personas con discapacidad es evidente. La población con discapacidad ha sido históricamente relegada y excluida, sostiene.

“Se supone que cada vez debemos ir ganando espacios en todos los ámbitos; reducir espacios en candidaturas es ir hacia atrás, pues debemos tener igualdad de oportunidades para cerrar la brecha de exclusión”.

La brecha de desigualdad se agranda porque son escasas las personas con discapacidad que pueden acceder a la educación. Muchos de ellos, indica, no completan su formación profesional porque no existen escuelas para ello. Desde la formación académica, precisa, les limitan las oportunidades políticas.

Pese a los avances en la inclusión de personas con discapacidad, son muy pocas las que ocupan cargos públicos o son tomados en cuenta en los partidos.

“La participación política u ocupación en la función pública es casi nula, pero lo que se necesita es justo eso, la oportunidad de ocupar espacios, pues hay personas con capacidades de asumir esos puestos”.

El activista resalta que, pese al panorama actual, la inclusión ha avanzado, pero hacen falta oportunidades, así como vencer estigmas y barreras. “Difícilmente una persona con discapacidad intelectual o auditiva puede asumir un cargo, porque las autoridades no han hecho esos esfuerzos para garantizar los derechos políticos de las personas con discapacidad”.

Entre esas barreras se cuentan el mal estado de las calles, inmuebles que dificultan su tránsito y la poca disponibilidad de las autoridades en adaptar los inmuebles, por tratarse de edificios históricos, lo que resta oportunidades de inclusión.

El no tomar en cuenta las necesidades y derechos de las personas con discapacidad proviene de la falta de educación, pues no hay una institución que se encargue de promover la educación inclusiva, lamenta.

Por otro lado, indica que hay falta de información respecto a los derechos, no sólo políticos, sino de todos los rubros para las personas con discapacidad, pues muchas ignoran que hay leyes que protegen y buscan garantizar sus derechos.

Racismo institucional

José Pablo Antonio, de la Coordinación de Vinculación y Procesos de Autonomía de Servicios del Pueblo Mixe, explica que el Plan B de la reforma electoral originalmente contenía un apartado en el que expresamente se reconocía la libre determinación y autonomía, así como el autogobierno, según los propios sistemas de los pueblos y comunidades indígenas.

Sin embargo, al pasar a debate en el Senado de la República, este apartado se vetó y eliminó de la iniciativa, bajo el argumento de que era inconstitucional. Esto, pese a que en el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce plenamente el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía.

De continuar la reforma como estaba planteada, dice, habría significado un mínimo avance al reconocimiento de los derechos de los pueblos.

“Consideramos como un racismo institucional que estos derechos, que ya estaban planteados, los saquen del debate porque el interés del debate jurídico se marca en otras esferas de las correlaciones políticas y no de los pueblos indígenas. “Por eso planteamos que no es un tema de interés [para los legisladores], a pesar de la lucha que han tenido los pueblos indígenas a lo largo de la historia de México. Se vuelven a repetir estas historias, donde no se reconoce siquiera la participación de los pueblos indígenas en movimientos como la Independencia y la Revolución Mexicana”.

El activista puntualiza que los legisladores debieron abrir más espacios de debate con los pueblos indígenas sobre la iniciativa de reforma electoral.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recuerda, plantea que cuando hay un tema de debate administrativo, legislativo o algún programa y proyecto que afecte a pueblos indígenas, éstos tendrán que ser consultados.“Entonces, esta reforma electoral tampoco lo hubieran vetado así nomás, sin escuchar la opinión de las comunidades y pueblos indígenas”.

Sobre la reducción de los espacios reservados para las personas indígenas (además de los destinados a las personas con discapacidad, migrantes, jóvenes, adultos mayores y de la comunidad LGBTIQ+), opina que los derechos ganados no sólo deben permanecer, sino mejorar progresivamente.

“Significa que los derechos que se han ganado por diferentes mecanismos, ya sea por la lucha social a través de recursos legales o iniciativas de los propios legisladores, son derechos que se han venido ganando. Como el de la participación política, tendrían que ir mejorando las condiciones afirmativas para garantizar esos derechos”.

Cualquier norma que vaya en retroceso y detrimento de los derechos  ya ganados, afirma, violenta el principio de progresividad, asegura.