Reformas a ley de fiscalización de Oaxaca "guardan bajo llave" información sobre gasto de dependencias
Las reformas de fiscalización aprobadas por el Congreso obedecen a intenciones políticas para acotar la capacidad de revisión del gasto público, señalan diputados de oposición y expertos
Oaxaca de Juárez.– Las reformas en materia de fiscalización aprobadas por el Congreso de Oaxaca adolecen de “mala técnica legislativa” y obedecen a intenciones políticas de acotar la capacidad de revisión del gasto público realizado por las dependencias del gobierno estatal, señalan diputados de oposición y expertos.
Esto, argumentan, porque las reformas aprobadas, con 34 votos de Morena y sus aliados (PT, PVEM y PUP), quita facultades al Poder Legislativo y limita el acceso a la información sobre cómo se gastan los recursos.
Es precisamente uno de los puntos polémicos de esta reforma, pues clasifica la información contenida en las auditorías realizadas a las secretarías y dependencias del gobierno del estado y de los municipios.
Lo anterior, porque según las reformas aprobadas, que incluyen el cambio de nombre del organismo fiscalizador a Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFEO), sólo podrán hacerse públicos los resultados de la fiscalización hasta que los diputados los revisen, bajo advertencia de sanciones a quienes las den a conocer.
“La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca deberá guardar reserva de las actuaciones, observaciones y recomendaciones, hasta en tanto se entregue a la Comisión Permanente de Vigilancia (de la Cámara de Diputados). La ley establecerá las sanciones a quienes infrinjan esta disposición”, establece.
Luego de su aprobación en diciembre pasado, los diputados del PRD Víctor Hernández, Minerva López e Ysabel Herrera denunciaron que había intenciones políticas en esta reforma impulsadas por Morena que buscaban quitarle facultades al Poder Legislativo que, acusaron en un comunicado, está “subordinado al Poder Ejecutivo”.
Para el director del Laboratorio Universitario de Estudios de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO, Adán Córdova, esta reforma adolece de una mala técnica legislativa; sin embargo, discrepa de los legisladores perredistas, pues considera que se mantiene la autonomía del Congreso, ya que se sigue respetando la facultad que tiene el Legislativo de nombrar al titular del órgano de fiscalización.
Adán Córdova sostiene que aunque sí se aprobó reservar los resultados de las auditorías, existen otras leyes especializadas que establecen cuándo se puede reservar la información y aún falta la revisión que haga el Ejecutivo estatal, que podría vetar la reforma o modificarla.
“Todavía no es un acto consumado en tanto no se publique. Incluso, estas fallas de técnicas legislativas pueden ser subsanadas en la publicación”, dice.
¿Cómo se elegirá al auditor?
La reforma a la ley establece que el Congreso local emitirá la convocatoria para elegir al titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca y dará un plazo de siete días para recibir solicitudes de los aspirantes, quienes deberán cumpir con los requisitos. Posteriormente, se les entrevistará y los diputados emitirán una terna; de esos últimos tres aspirantes, se elegirá al titular.
También la nueva legislación establece que en caso de que ningún candidato de la terna haya obtenido las dos terceras partes de votos de los legisladores, se volverá a someter una nueva propuesta. El titular será designado para un periodo de siete años y tendrá derecho a ser nombrado para un segundo periodo por una sola vez.
¿Para qué sirve la fiscalización?
Para el experto, el ejercicio de fiscalización debe garantizar un equilibrio entre poderes por mandato constitucional, donde el Legislativo, a través de un órgano autónomo, realiza la revisión del gasto público, verificando que se haya ejercido conforme al presupuesto, lo que finalmente no sucede.
“En teoría debería generar confianza, algo que no pasa, al contrario; por la deficiente fiscalización se tienen altos índices de percepción de corrupción e impunidad, a nivel local y nacional”, señala el especialista.
Lo anterior, añade, se explica si se revisa cuántas auditorías y observaciones han concluido con responsabilidad jurídica: apenas 1% en todo el país, mientras en Oaxaca no se tiene registro de ningún caso, según los informes que el organismo ha entregado al Congreso, de algún asunto que tras la fiscalización haya concluido en responsabilidad para algún funcionario.
Además, también destaca el costo de cada auditoría, que rebasa el millón de pesos.
Adán Córdova agrega que en Oaxaca no se ha dejado que la fiscalización madure, pues en 14 años han fungido cuatro auditores, cada uno con visiones diferentes. También se han realizado cambios de nombre y leyes, cuando debería fortalecerse con la mejora de los procesos.
“La auditoría garantiza a la ciudadanía el buen manejo de los recursos públicos; entonces, la ciudadanía es la que debería conocer los resultados y ser la más próxima, tendría que participar de la fiscalización”.
Por eso sostiene que Oaxaca está en un punto en el que puede manejar nuevos mecanismos de participación ciudadana en la fiscalización.
“Hoy podríamos hablar de cómo podemos hacer que esta estructura del organismo de fiscalización sea más funcional y menos perezosa”, finaliza.
