“Sea quien sea, se hará justicia a saxofonista”: fiscal de Oaxaca

Pese a señalamientos de la familia del exdiputado Vera Carrizal, cateo fue legal, asegura

Foto: Edwin Hernández
Seguridad 03/02/2020 09:32 Fernando Miranda Oaxaca de Juárez, Oaxaca Actualizada 18:51

Por la “violencia extrema” con el que fue cometido, el  ataque con ácido del que fue víctima la joven  saxofonista María Elena Ríos debe ser castigado severamente y de forma “ejemplar”, pese a los intentos para   que los responsables no enfrenten a la justicia, considera el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), responsable de las indagatorias, asegura que “se están realizando todas las acciones   necesarias” para localizar a quienes, se cree, son los  probables responsables intelectuales y que se sumarían a las dos personas detenidas en diciembre, señalados por ser los atacantes materiales.  

Además, pide que no se revictimice ni se cause más dolor a  María Elena y  celebra  que  la sociedad se sume a la exigencia de que  no  exista cabida para la impunidad.

Fiscal, ¿cuál es el estatus que guarda el caso?

—Sabemos que hay otros tres participantes, quienes planearon  todo esto, e incluso  facilitaron  el ácido sulfúrico que rociaron a María Elena.

Ya fuimos con los jueces, presentamos los datos que la Constitución y el Código  Nacional de Procedimientos Penales  nos exigen y nos concedieron tres órdenes de aprehensión contra estos sujetos (...) estamos realizando acciones para su localizacion y captura.  No vamos a dejar de hacerlo,  porque consideramos que este hecho debe ser ejemplarmente castigado.

Lo anterior,  dice el fiscal, se dio  luego de que las hijas de Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado del PRI actualmente prófugo y señalado como el autor intelectual del ataque, acusaran que   durante los cateos realizados por la dependencia en su  domicilio fueron víctimas de violencia de género.

 Al respecto, Vasconcelos Méndez defiende la actuación de la fiscalía. Asegura que el cateo fue “perfectamente legal”, pues se contó con la orden del juez, misma que fue mostrada al ingresar a la vivienda al realizar la búsqueda.

“La familia  interpuso algunas denuncias porque considera  que hubo exceso en el uso de la fuerza y  abuso sexual (...) yo garantizo que vamos a investigar. Vamos a buscar si hubo algún exceso de parte de los elementos que acudieron, pero realmente creo que se efectuó todo de forma correcta, siguiendo los protocolos y la ley”.

Sobre el señalamiento hecho por la familia Vera, respecto a que existen líneas de investigación que no han sido abordadas, relacionadas con hechos del pasado de  la joven saxofonista,  el fiscal es puntual. Argumenta que nadie, ni desde las instituciones, ni desde la sociedad, ni desde los medios, debe “reproducir esquemas que hagan más fuerte el  dolor de María Elena”.

“Todos tendríamos que estar muy preocupados porque se castigue  este hecho, sea quien sea. Tendríamos que unirnos en torno a la institución de procuración de justicia, que está haciendo todos los esfuerzos  para integrar una adecuada investigación y para localizar a los sujetos que consideramos responsables”.

 Agrega que desde la fiscalía no se dejará de buscarlos, ni se abandonará el esfuerzo  para que  enfrenten a la justicia.

“Hacer afirmaciones sin  información suficiente de cómo  ocurrieron lo hechos es producir revictimizacion y  tratar de hacer cejar al órgano de impartición de justicia, en su intento de castigar a los responsables”, considera.

El fiscal abunda que, con la implementación del  nuevo sistema  penal acusatorio, existen suficientes candados y protocolos específicos para evitar que se vulneren derechos humanos de las víctimas e incluso de los presuntos responsables, a lo que  se suma la vigilancia judicial sobre cómo se ejecutan las órdenas de aprehensión.

“Sin embargo, quiero destacar que si la familia Vera  considera que hubo un delito en el momento del cateo, tienen las puertas abiertas de la fiscalía. Cada área tiene  autonomía  para la realización de  sus investigaciones, para hacerlas de forma exahustiva e imparcial”.

Además de ello, el fiscal destaca que colaborarán con  otras instancias a las que la familia Vera acuda para determinar si existió alguna violación a sus garantías, por ejemplo,  la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), órgano que confirmó que ya fue presentada la queja al respecto.

Todos tendríamos que estar muy preocupados porque se castigue  este hecho, sea quien sea.

“He visto todo esto que se ha hecho. En muchos  celulares se recibieron mensajes como de campañas electorales, pero la posición de la fiscalía es de firmeza. No vamos a cejar en nuestra finalidad de que se haga justicia y,   pese a diversos señalamientos, nada va a hacer que abandonemos los operativos de búsqueda”.

Aunque el fiscal explica  que este tipo de campañas no constituyen un delito, reconoce que  sí les preocupan  porque son “una forma de intentar cambiar la percepción de cierto sector de la sociedad al actuar de la fiscalía”. Por ello, considera que  no hay vuelta atrás y  lo que sigue es la localizacion de los sujetos prófugos, sobre  quienes está convencido que  siguen en territorio nacional.


“Caso sólido”

—Sobre el tiempo que ha tomado a la fiscalía integrar la investigación, Vasconcelos Méndez explica que la prioridad es tener un caso sólido, “con los datos de prueba suficientes”, para que no haya  posibilidad de que éste se caiga.  

¿Es suficientemente fuerte la investigación para que los sujetos detenidos sean sentenciados?

—Consideramos que sí, en virtud de todos los actos que realizamos desde el 9 de septiembre [fecha del ataque], hasta el momento en el que solicitamos la orden de aprehension. Tenemos los datos suficientes  para, en su momento, presentarlos como prueba y  estos sujetos sean sentenciados.

El fiscal considera que la sociedad a veces pide que los procedimientos sean rápidos y se imparta justicia de un día a otro; ante ello, asevera que es necesario entender que, “a veces hay un poco más de tardanza porque se recopila toda la información y se analizan todos los datos para presentar casos  sólidos frente a los jueces”.

“Es mejor así, aunque   tarde  más, a arriesgarnos a que, bajo  recursos jurídicos, los casos se vayan para abajo y  pueda revertirse una decisión en detrimento de la fiscalía, pero sobre todo en detrimento de las víctimas”, finaliza.

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