Culpable por triple asesinato en Santo Domingo Ixcatlán podría salir libre
La FGEO informó que el imputado por el triple homicidio, podría quedar en libertad porque el agente del Ministerio Público era pasante de la Licenciatura en Derecho
El presidente municipal de Santo Domingo Ixcatlán, Bertoldo Bernabé García, denunció que uno de los responsables del asesinato de tres comuneros en 2008 pretende quedar en libertad bajo el argumento de fallas en la integración de la investigación por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy, Fiscalía General del Estado).
De acuerdo con su testimonio, la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) les informó que Freddy Eucario Morales Arias, uno de los imputados por este triple homicidio, podría quedar en libertad tras 12 años en prisión porque el agente del Ministerio Público que realizó la investigación no reunía los requisitos para ocupar esta función, pues era pasante de la Licenciatura en Derecho.
El 30 de abril del 2008 fue asesinado en el centro de la población de Santo Domingo Ixcatlán el secretario de bienes comunales Melesio Martínez Robles, y los comuneros Gustavo Castañeda Martínez e Inocencio Medina Bernabé.
Melesio Martínez fue descarnado de la cintura para abajo, Gustavo Castañeda fue quemado vivo en el interior de su automóvil, e Inocencio Medina fue ejecutado con un arma de fuego.
El motivo del triple homicidio fue porque los tres se negaban a vender los terrenos comunales propiedad de Santo Domingo Ixcatlán a Chalcatongo de Hidalgo, con quienes se pretendía simular un conflicto agrario para ser incluidos en el entonces programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer).
Días después, el 9 de mayo del 2008, fue detenido Freddy Eucario Morales Arias por el delito de homicidio calificado, y se le dictó auto de formal prisión el 19 de mayo del 2008 con el expediente penal 24/2008.
Posteriormente fueron detenidos Jorge García Castro, Saúl García Martínez, Oscar Castro García, Adrián Castro Hernández, Delfino Jiménez Bernabé, Héctor García Martínez, Oscar Castro García y Artemio Jiménez Martínez. Sin embargo, Longino Ramírez García, Antonio Sánchez Cruz, José Alexis García García, Norberto García Maldonado, Bulmaro García García, Eric Jiménez García, Héctor Jiménez García y Gloria García Martínez aún se encuentran prófugos de la justicia.
Después de 12 años del crimen, Fredy Eucario Morales Arias no ha sido sentenciado al igual que los demás procesados en la causa penal 24/2008.
Esto, asegura el edil Bertoldo Bernabé, “debido a que funcionarios del gobierno del estado continúan empecinados en la venta de los terrenos comunales para la obtención del recurso económico que ofrece el programa Cosomer, con la complicidad de funcionarios de la Cuarta Transformación, responsables de la atención a conflictos agrarios”.
El principal argumento para que pueda obtener su libertad, detalló, es que el agente del Ministerio Público Antonio Martínez Pérez no tenía el título de licenciado en Derecho y por tanto resultan sin validez las diligencias de la averiguación previa recabadas en el año 2008.
Incluso, a pesar del nombramiento que le dio el entonces procurador general de Justicia del Estado de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, para fungir como agente del Ministerio Público en cientos de investigaciones de averiguación previa en Tlaxiaco.
“Ante esta circunstancia, la Fiscalía General del Estado no ha solicitado diligencia alguna para convalidar o subsanar las actuaciones en la averiguación previa, mostrándose complaciente con lo solicitado por el principal asesino de la masacre en Ixcatlán y dejando en total indefensión a quienes en todo esto siguen siendo los más débiles: las víctimas; quienes claman justicia”, comentó.
El edil aseguró que estamos omisiones de la Fiscalía tienen el objetivo de dejar en libertad a Freddy Eucario Morales Arias “para que opere la venta de las tierras comunales de Santo Domingo Ixcatlán a favor de Chalcatongo de Hidalgo por la cantidad de 150 millones de pesos que será otorgado por el programa Cosomer”.
Para el presidente municipal lo que se busca es concretar la venta amañada de terrenos comunales, en la que están involucrados funcionarios tanto del gobierno de Oaxaca como del federal.
Adelantó que se solicitará la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ordene al Estado Mexicano adoptar medidas provisionales para evitar daños irreparables en contra de las víctimas, y realice una investigación en los niveles de Gobierno por la complicidad en estos hechos.
