Investiga Fiscalía si desvíos en SSO abarcan otros sexenios
El fiscal Anticorrupción, Iruegas Álvarez, informó que se investiga el probable peculado desde el 2004, año en que también estuvo a cargo el actual titular de la dependencia, Juan Díaz Pimentel
Las investigaciones sobre desvíos de recursos en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) también abarcan el último año de la administración del ex gobernador José Murat Casab, y periodo en el que el actual secretario de Salud, Juan Díaz Pimentel, también estuvo a cargo de la dependencia.
El titular de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, explicó que de comprobarse la “distracción” del dinero que debió destinarse al pago de terceros institucionales y no institucionales, se configura el delito de peculado.
En este caso, apuntó, la prescripción del delito abarca un lapso similar al de la pena que se impone; en el delito de peculado es de 15 años y por tanto, las investigaciones también podrían alcanzar a funcionarios responsables de los SSO en el año 2004, desde el titular de la dependencia, directores, subdirectores y jefes de departamento, que hayan intervenido en el desvío de recursos.
“Si se dan los eventos y son de índole penal podríamos deslindar responsabilidad de cada uno de los funcionarios, desde una posible participación del titular, algún director, subdirector, jefe de departamento, todos los que intervengan en ese desvío.
“Es importante establecer justamente que a partir del análisis que se dé por parte de auditores especializados es como vamos a determinar si es viable o no darle continuidad a las investigaciones”, dijo.
El responsable de los SSO, Díaz Pimentel, denunció hace tres semanas que la nómina creció de manera exponencial a 18 mil trabajadores, de los cuales dos mil 300 fueron contratados de manera ilegal, la nómina se pagaba de las obligaciones que debían pagarse al ISSSTE “dejando en la indefensión a los trabajadores de base” e incumpliendo con los compromisos a la Secretaría de Hacienda.
En consecuencia, agregó, al día de hoy la dependencia tiene una deuda de seis mil millones de pesos y un déficit anual de 1 mil 700 millones de pesos.
“Esto ocurrió, entre otras cosas, porque se desviaban recursos de la Seguridad Social de los trabajadores de base y de sus obligaciones con la Secretaría de Hacienda para pagar a dos mil 300 trabajadores eventuales”, aseguró.
Iruegas Álvarez agregó que se están analizando todos los reportajes y notas mediáticas que han salido para ver la viabilidad de iniciar o no una investigación penal formal, independientemente de lo que en su momento logren determinar la Secretaría de Salud como la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
“Lo que sí puedo adelantar sin prejuzgar respecto a un hecho cierto o a una responsabilidad. Si en su caso se genera que se comprobó digamos esa distracción de recursos, si podría derivar en un asunto penal y derivaría en un delito como el peculado”, finalizó.
