Tortura, constante para indígenas presos en Oaxaca

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Dolores fue detenida el 8 de mayo de 2014 en su comunidad de origen, Zapotitlán Palmas de la región Mixteca de Oaxaca. En el momento de su aprehensión, los dos hombres que la detuvieron la tiraron al piso y la patearon; ella entró en pánico, comenzó a gritar y pedirles que dejaran de golpearla; estaba embarazada.

Posteriormente, la subieron a una camioneta y la llevaron a una celda, en donde la recluyeron junto con otras personas, también golpeadas. Ahí la amenazaron con lincharla y fue golpeada nuevamente por policías municipales vestidos de civil. Durante 36 horas estuvo privada de su libertad sin recibir protección por parte de autoridades policíacas ni del Ayuntamiento, luego llegaron policías ministeriales que la trasladaron a Huajuapan.

“Yo me sentía mal y tenía un fuerte dolor en el vientre, les dije que los que me llevaron al Ayuntamiento me habían golpeado y que estaba embarazada. Al pasar con el médico legista me dijo que no me creía y fue hasta que la defensora pública me asistió, 12 horas después, que se ordenó mi atención hospitalaria”, relata.

Después de tres audiencias, en las que no entendía de que trataban, fue trasladada al Centro de Reinserción Social Tanivet en el municipio de Tlacolula. De acuerdo con la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), Dolores, sin saberlo, fue acusada por las autoridades municipales de Zapotitlán Palmas de participar en un secuestro junto con otras tres personas.

La historia de Dolores no es la única en su tipo. Según AsiLegal, hasta 50% de los indígenas de Oaxaca recluidos en las cárceles del estado sufrieron detenciones arbitrarias, tortura y falta de acceso a una defensa adecuada.

En su informe de 2017 “El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en los estados de Chiapas y Oaxaca”, la organización afirma que la población indígena es víctima constante de una violencia estructural que se agrava en ámbitos como el acceso a la justicia.

La población carcelaria, según cálculos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) era de tres mil 176 personas a finales de 2016. De ese total AsiLegal señala que 30.80% son personas  indígenas, es decir, mil 174 personas. La mayoría pertenecen a los siguientes pueblos: zapoteca con el 36.46% (428), mixteco con 15.33% (180), mazateco con 14.39% (169), mixe y chinanteco con 9.54%; es decir, 112 personas cada uno.

El resto de la población indígena se divide entre los pueblos chatino, triqui, náhuatl, chontal, huave, zoque, cuicateco, amuzgo, mame, otomí, ojiteco, tzeltal, tzotzil, tacuate, tarahumara, tojolabal y tarasco.

De las más de tres mil personas que conforman la población penintenciaria, 30.8% (mil 174) son indígenas, en su mayoría zapotecas.

Al igual que en el caso de Dolores, la mujer embarazada detenida bajo tortura, el secuestro es uno de los principales delitos que se les imputan a los indígenas que están presos. También destacan homicidio, violación, robo y delitos contra la salud.

Que una persona originaria de un pueblo indígena termine en prisión puede significar un acto de discriminación, pues la organización considera que, en muchos casos, las autoridades estatales  no consideran el contexto de las personas indígenas.

“Hay un alto porcentaje de detenciones por caso urgente o flagrancia, lo que hemos interpretado como una forma en la que el Ministerio Público evade su obligación de investigar los hechos que le permitirían dar sustento a una orden de aprehensión”, de acuerdo con AsiLegal.

Las cifras lo sustentan. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016, en Oaxaca sólo 35.2%  de los presos declararon haber cometido un delito, mientras que  59.9% afirma que fue acusado de cometerlo.

Respecto a la forma con la que se dan las detenciones, los números de AsiLegal señalan que  aunque 59 de cada 100 indígenas entrevistados afirmaron que fueron detenidos   con una orden de aprehensión, 83% aseguró que no se les mostró y 52% no entendió el motivo de su detención.

Precisamente, la barrera del idioma facilita la violación de los derechos humanos de quienes pertenecen a algún pueblo originario.  Según la Enpol en Oaxaca, 60% de las personas indígenas entrevistadas en prisión refirió no haber contado con un intérprete durante su proceso y 46.1% dijo que la autoridad no apuntó exactamente lo que dijo; en  60.5% de los detenidos tampoco estuvo su defensor.

La organización Asilegal considera que las autoridades estatales, muchas veces, no toman en cuenta el contexto de los indígenas, como su lengua.

Tortura, la constante

Dolores, la mujer mixteca acusada de un secuestro, perdió a su bebé a causa de los golpes que le propinaron los policías municipales. Luego, pasó cerca de tres años separada de su hija de siete años. “No puedo volver a mi pueblo, ya que en mi comunidad creen que soy una secuestradora, que me dedico a eso; por ello no tuve opción más que irme a vivir a otro lado, en donde ya conseguí trabajo y puedo atender a mi hija mayor”, cuenta  a AsiLegal.

Como en su caso, en las detenciones de indígenas los actos de tortura son una constante. Los más comunes, según los testimonios recolectados por la organización, son golpes, insultos, amenazas, robo de pertenencias, toques, quemadas y amenazas contra familiares. Los datos dicen que en la mitad de los casos revisados sometieron a la persona por la fuerza y los amenazaron con un arma.

La encuesta de Inegi coincide. Señala, por ejemplo, que  51.5% de los indígenas en prisión fueron incomunicados o aislados, 47.4% amenazado con levantarle cargos falsos, 41.5% fue desvestida, 36.6% fue atada y a 34.7% le vendaron los ojos o le cubrieron la cabeza. Además, a 26.6% le impidieron respirar, a 25.2% lo amenazaron con hacerle daño a su familia y a 6.1% le cumplieron dichas amenazas, pues sí le  hicieron daño.

“Dado que la autoridad se excusa argumentando que la persona oponía resistencia, es importante mencionar que 82% manifestó no haberse tratado de defender durante su detención”, señala la organización.

Pero la tortura sólo es uno de los problemas. El uso excesivo de prisión preventiva, señala el organismo, también es alarmante pues de las mil 174 personas indígenas, mil 144 (97.44%) todavía no reciben sentencia.

El 15 de marzo de 2017, la asociación civil logró la liberación de Dolores, luego de que pasó dos años  y 11 meses en prisión preventiva, debido a la ausencia de una investigación que esclareciera los hechos que se le imputaron.