Cárceles oaxaqueñas registran 20 mil hechos violentos en 5 años

De 2013 a 2018 se han contado 20 mil 645 incidentes en cárceles del estado

Seguridad 08/01/2020 08:26 Fernando Miranda Oaxaca Actualizada 19:10

Con más de 20 mil incidentes violentos en centros penitenciarios estatales, en cinco años Oaxaca se colocó como la entidad del país que acumula el mayor número de estos registros, indican datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con un informe sobre la ejecución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), entre 2013 y 2018 las cárceles de Oaxaca acumularon 20 mil 645 incidentes violentos; según el documento, en esta categoría se contabilizan hechos sucedidos dentro de instalaciones penitenciarias que van  desde riñas, desórdenes, homicidios, suicidios, motines, entre otros.

Los datos oficiales indican que hasta 2018 las prisiones oaxaqueñas habían registrado 20 mil 645 hechos violentos,   de los 36 mil 483  ocurridos  a partir de 2013 a nivel nacional.

Esto significa que Oaxaca concentra más de 56.6% de los incidentes de este tipo que suceden en prisiones del país. Es decir, de 2013 a 2018 casi seis de cada 10 motines, riñas o asesinatos cometidos en prisiones estatales del país se cometieron en Oaxaca.

A nivel nacional, de los 36 mil 483 incidentes violentos registrados durante esos cinco años, 2 mil 802 fueron riñas, mil 758 fueron decomisos y mil 303, agresiones a terceros; además se registraron al menos 850 decesos dentro de los centros penitenciarios, incluidos 11 homicidios sólo en  2018.

Tras Oaxaca, en segundo lugar se ubica Sonora con 2 mil 672 casos y en tercer lugar figura el Estado de México con 773 casos, pero esta última cifra sólo es referente a 2018, pues no se cuenta con información de años anteriores.

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Estos datos forman parte de un informe en el que se evalúa la ejecución de los recursos que el FASP proporciona a las entidades para el fortalecimiento del sistema penitenciario, y cuyo objetivo es “integrar las principales metas por alcanzar como país, relativas a condiciones de seguridad”, para mejorarlo mediante el equipamiento de personal e instalaciones de seguridad de los centros penitenciarios.

Según datos oficiales, sólo en 2018 en los penales oaxaqueños tuvieron lugar 13 riñas, seis huelgas de hambre, dos suicidios y una defunción, lo que en suma conforman los 22 incidentes violentos reportados ese año, a los cuales se sumaron 14 quejas por violaciones a derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Por número de ocurrencias, el centro de internamiento ubicado en Tehuantepec es el que más hechos de violencia  registró con 11 de éstos, seguido por el de Juquila con siete casos.

Aunque dice desconocer los datos de 2013 a 2015 que la federación reporta en miles, el propio gobierno oaxaqueño, en su informe de evaluación del FASP más reciente, reconoce que en los penales a su cargo los incidentes violentos crecieron más de cinco  veces sólo entre 2016 y 2017, pasando de siete a 36 casos en dicho años.

Además, acepta que se detectó la presencia de autogobierno, actividades ilícitas, extorsiones, violaciones a derechos humanos y prevalencia de sobornos, algo que ya ha sido documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Se encontró que en ocho de 10 centros penitenciarios supervisadas en la entidad no se cumple con la estricta separación entre procesados y sentenciados, las condiciones de internamiento no cumplen con los requerimientos mínimos materiales ni de higiene”, dice la Evaluación Integral del FASP del estado de Oaxaca.

Pese a esta situación, las prisiones estatales han destinado 100% de los recursos del FASP, orientados a fortalecer el sistema penitenciario, en ropa y uniformes antes que en medidas que frenen la ocurrencia de incidentes violentos.

Sólo para 2018, Oaxaca recibió de la federación  4 millones 700 mil pesos, recurso que, de acuerdo con el  gobierno estatal, fue invertido en su totalidad en “vestuario y uniformes”. En contra parte, no se destinó nada a la instalación de sistemas de inhibición de señales, pese a que sólo dos de 13 penales cuentan con ellos.

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