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Sobre asesinatos de familiares, Puebla repite en el conteo con cuatro casos; también figuran Nayarit (4), Morelos (3) y Veracruz y Tamaulipas (dos en cada uno).
“Es un tema muy político que incentiva a la violencia hacia las personas que señalan a las autoridades actuales por actos de corrupción”, explica.
Agrega que la impunidad en los asesinatos políticos es una constante y menciona, por ejemplo, que de los 48 aspirantes a algún cargo de elección que fueron acribillados en este mismo periodo, sólo han sido detenidos los responsables en 11 de los casos. “Es común que no haya investigaciones. Hay un alto grado de impunidad que alienta a defender los intereses políticos a través de la violencia”.
Para el directivo de la consultora, el caso de Carmen Medel llama la atención, pues la diputada veracruzana había sido secuestrada dos años antes del homicidio de su hija. “Tienes a políticos que ya habían sido objetos de intimidación y pareciera que el gobierno no entiende cómo prevenir estos ataques”, refirió.
El especialista señala que el asesinato de Valeria Cruz se da en el contexto de la transición de poderes en Veracruz, entidad sobre la que los legisladores federales de Morena presentaron un punto de acuerdo para acelerar las investigaciones contra el gobernador panista Miguel Ángel Yunes por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Salazar comparó este caso con el asesinato de María Félix Fajardo Cardoso, colaboradora de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, quien durante su campaña criticó al entonces mandatario Graco Ramírez.
La similitud que encuentra el consultor se debe a que a su juicio "los agresores a veces optan por atacar a los familiares, colaboradores y gente cercana a los políticos" para generar un terror psicológico en ellos y enviar un mensaje de advertencia al resto.
“Es un mensaje muy fuerte (el asesinato de la hija de Carmen Medel) porque anulan la capacidad política de una persona cercana al gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García”, dijo.
Para Rubén Salazar, esta ola de violencia contra los políticos señala la necesidad de revisar la política de austeridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien pretende hacer un recorte en el personal de seguridad de los servidores públicos, pues considera que la violencia contra los políticos y sus seres cercanos es un tema que debe de estar en el radar del gobierno entrante, y que resolver el caso de la joven asesinada serviría de ejemplo de que no se permitirá la impunidad en el país.
