Desprotegidos en el deber, policías buscan un retiro digno

Eran alrededor de las tres de la mañana cuando Isaac Díaz recibió una llamada de su comandante para preguntarle sobre el estado de fuerza que había en el cuartel, que significa la cantidad de  armamento y unidades disponibles.

A esa hora, en medio de la madrugada,  se iniciaría un operativo para el cumplimiento de diversas órdenes de aprehensión.

Dos horas después, los compañeros de Isaac empezaron  a solicitar refuerzos: un grupo de la delincuencia organizada los había rebasado en número y en armamento; ese día murieron varios policías.

“Tantos compañeros que yo vi caídos en el cumplimiento del deber, tantos lesionados y detenidos”, recuerda.

Lo que sigue, apunta, son homenajes de cuerpo presente y el último pase de lista. Lo más triste, agrega, es que quedan viudas, hijos huérfanos y padres que perdieron a sus hijos: “Es un dolor indescriptible”. Es en este momento en  el que empieza otro calvario para las familias de los policías caídos en el cumplimiento de su deber, pues no sólo pierden a un ser querido, pierden el sustento económico.

Las familias no tienen derecho a una pensión y las que logran obtener una tienen que iniciar un trámite burocrático,  que puede tardar meses e incluso años, para que al final lo que reciban sea una cantidad “raquítica”, según denuncia Isaac Díaz, quien durante 20 años sirvió en diferentes corporaciones de seguridad pública.

En Oaxaca, asociaciones conformadas tanto por  policías como por  civiles han iniciado un movimiento para mejorar las condiciones laborales de los elementos de las diferentes corporaciones.
 Un primer paso es impulsar reformas legales, federales y locales, en términos de pensiones y proyectos de edificación para un mejor retiro, mejores salarios, capacitación, seguro de vida y prestaciones de seguridad social.

Fidel Vásquez Vargas, delegado en Oaxaca del Movimiento Nacional por la Seguridad Pública y Procuración de Justicia, explica que, por ejemplo, los integrantes de la Policía Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) están inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como estudiantes y por ello, cuando un policía resulta lesionado por herida de bala, el seguro no le cubre ese tipo de atención médica.

Mientras que en el caso de  los policías municipales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, en otro ejemplo, no aportan al fondo de pensiones y por tanto, al momento de jubilarse, la cantidad de dinero que reciben mensualmente es muy baja  e  insuficiente para cubrir las mínimas necesidades de subsistencia. Todo eso tras  una vida de servicio.

Ante esta situación, en el ámbito local  presentaron una iniciativa  a la Ley de Pensiones de la Policía Estatal para aumentar las aportaciones al fondo de pensiones, tanto por parte del trabajador como del  patrón, con el fin de que el policía, a su retiro, pueda percibir una pensión que le permita vivir una vejez digna; así como una iniciativa de ley de pensiones para la Policía Municipal de la ciudad de Oaxaca, debido a que esta corporación  no aportan al fondo del municipio.

Entre las propuestas que entregaron a los diputados de la  64 Legislatura del Congreso del Estado, también  se solicitó la realización de un proyecto para la adquisición o construcción de una casa de descanso para el policía, que incluya mantenimiento y servicios médicos. Un espacio donde tener un retiro digno.  

Además, los impulsores  de estos cambios  exigieron reformas constitucionales en materia de seguridad pública que beneficien a los policías, así como  la homologación de salarios, entre otros peticiones.

En todo el país

Pero Oaxaca no es la única entidad donde ha cobrado fuerza este movimiento. A nivel nacional, una de las reformas más importantes que han impulsado, y en la que participan asociaciones de policías y civiles en el país, tiene que ver con una reforma al artículo 123 de la Constitución Política federal.

En ella, explica Fidel Vásquez,  se busca principalmente que un agente que ha sido separado de alguna corporación policiaca por no haber aprobado el examen de control de confianza, tenga la oportunidad de intentar nuevamente ser policía y no sea excluido.  

Actualmente, sostienen que se ha abusado de este mecanismo para despedir a miles de policías con “imputaciones subjetivas”.

Algunos de ellos, afirma, se han defendido frente a estos despidos y tras un largo litigio en el que demuestran tener la razón, pero ya no se les permite reintegrarse a la corporación policiaca porque está prohibido en la Constitución, es decir, pese a demostrar que no merecían ser despedidos, no les permiten recuperar su trabajo.

Además, la reforma al artículo 123 constitucional  busca mayores procesos de capacitación y certificación policial, que les permita mejores condiciones laborales y la posibilidad de ascender en los cargos dentro de las distintas corporaciones de seguridad pública.

Isaac Díaz sentencia que es momento de frenar esa situación y cada vez son más quienes están decididos a reclamar aquello que por derecho les corresponde: un mejor salario, seguro de vida, un fideicomiso para los policías muertos en el cumplimiento de su deber, una estancia de descanso, una reducción en la edad para jubilarse y pensionarse, entre otros derechos

EL UNIVERSAL consultó a la corporación estatal sobre las iniciativas que impulsan elementos para conseguir condiciones de retiro  más dignas, pero no se obtuvo respuesta.