Intérpretes, insuficientes para dar certeza jurídica a comunidades indígenas
Oaxaca cuenta con 66 intérpretes acreditados y seis certificados
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en 2014, un total de mil 527 personas, hablantes de lenguas indígenas, se encontraban en prisión. La mayoría de éstos, no cuentan con traductores para apoyarlos durante el proceso legal.
Según el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (Panitli), Oaxaca cuenta con 66 intérpretes acreditados y seis certificados; sin embargo, éstos sólo representan al 13.3 por ciento de variantes lingüísticas en la entidad.
En Oaxaca se han realizado tres diplomados y un curso de actualización para la formación de intérpretes en el sistema de justicia, medidas que han resultado insuficientes para cumplir con la demanda de los procesos legales que enfrentan los oaxaqueños que pertenecen a etnias indígenas.
El presidente del consejo directivo del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), Tomás López Sarabia, afirmó que para garantizar un debido proceso legal, es fundamental contar con traductores de lenguas indígenas.
El derecho a contar con un intérprete, está contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 2, apartado A, fracción octava.
En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) se hablan 364 variantes lingüísticas; de éstas 176 se concentran en Oaxaca, lo que representa el 48.3 por ciento del total nacional.
La encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que en la entidad, hay tres millones 967mil 889 habitantes, lo que coloca a Oaxaca el estado con más hablantes de lengua indígena, con un millón 227 mil 660 personas, que equivale al 32. 2 por ciento de la población.
Dicha normatividad es la que protege las formas de organización y reconoce el ejercicio de lenguas indígenas en los espacios públicos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que las personas que pertenecen a comunidades indígenas y libran procesos legales, pueden solicitar a las autoridades, ya sea estatal o federal, la asignación de un traductor certificado.
En caso de que el intérprete no sea asignado, se podrá nombrar a un traductor práctico o perito del que se tenga elementos para determinar que conoce la cultura y el idioma del indígena procesado, recalcó.
Para el cumplimiento de los parámetros mencionados, la Red Ciudadana de Monitoreo Legislativo en Pro de los Derechos Humanos, Reduciendo Brechas, monitorea los avances a través de, organizaciones de la sociedad civil en Oaxaca y otras siete entidades: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí.
