El Sistema Nacional Anticorrupción ha sido una farsa: Ernesto Canales

Cuando en noviembre de 2016 Ernesto Canales Santos fue designado como fiscal anticorrupción en el estado de Nuevo León, se tomó muy en serio el cargo pese al poco presupuesto que le asignaron para desempeñarlo.

“Vamos a hacer de comer con lo que haya en el refrigerador”, se dijo y empezó la investigación de casos concretos e individuales de corrupción que poco a poco se empezaron a acumular, hasta que lograron llevar a la cárcel en enero de 2017 al mismo exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, por otorgar indebidamente estímulos por más de tres mil millones de pesos a la empresa Kia Motors; en 2018 el ex mandatario fue liberado bajo el argumento de que la Fiscalía Anticorrupción no había precisado el delito o delitos que le imputaba.

El trabajo de Ernesto Canales prendió las alertas en los partidos políticos PRI y PAN, quienes a través de sus representantes en el Congreso de Nuevo León promovieron reformas a la Constitución Política de este estado del norte del país y con ellas, lograr destituirlo y dejarle la facultad a los diputados para que ellos designen al Fiscal Anticorrupción.

Le quitaron la facultad, que en ese entonces, ostentaba el Gobernador. También recurrieron al linchamiento mediático de una manera “perversa”, según relata.

Esa experiencia es la que narra Ernesto Canales en su libro ¿Cómo nos arreglamos?, que presentó ayer en las instalaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IAIP).

“Mi libro es un testimonio, no es un libro de texto, no es académico, es un libro que conjunta las vivencias que tuve en el desarrollo de esta función señalando con bastante detalle los obstáculos que existen para que pueda ser una función ágil y también señalando este contubernio de los partidos para acabar con esta función en contra de la voluntad de sus propios votantes. Eso es, me llama mucho la atención, que se atrevan a hacerlo cuando habrá elecciones dentro de dos años”.

Para él es ingenuo pensar que el Estado combatirá la corrupción cuando es el mismo Estado quien propicia la corrupción; explica que no está estructurado para combatirla porque está conformado por partidos políticos, quienes prefieren proteger a sus agremiados por sus muchos y múltiples conflictos de intereses. Y porque además, estos actos de corrupción son los que les han permitido mantenerse en el poder o preservarlo.

La participación ciudadana y de la sociedad civil organizada, opina, se vuelve en un elemento fundamental y con la suficiente fuerza para que realmente haya un proceso anticorrupción.

Ernesto Canales considera que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ha dado signos de que sí combatirá la corrupción; sin embargo, advierte que algunos casos que se han ventilado como el del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, no se les ha dado un seguimiento puntual.

Se corre el riesgo, advierte, de que el combate a la corrupción se convierta en lo que hasta ahora ha sido: un mecanismo para castigar al enemigo político. “Ese amanecer que veíamos con AMLO ya no lo veo con tanta claridad. Es cierto que aún es muy temprano y nada me daría más gusto de que AMLO aprovechara su capital político para combatir la corrupción y castigar a los corruptos”.

La entrevista de Ernesto Canales con EL UNIVERSAL se realiza al final de la presentación de su libro en la capital oaxaqueña y apenas dura alrededor de 10 minutos por la impaciencia de los presentes para las tradicionales firmas dedicadas del autor.

-          En su libro se menciona operadores criminales del sistema ¿A quiénes se refiere?

No usé la palabra criminales. Pero sí culpables, responsables de que esta creación del Sistema Nacional Anticorrupción haya servido precisamente para promover más corrupción, porque durante cuatro o cinco años, los partidos políticos lo único que hicieron fue discutir quién nombraba al director y no qué iba hacer y con qué medios y con qué presupuesto.

Y eso creó un vacío de poder que fue un cheque en blanco para los corruptos, creados con esta ilusión de que el país se embarcaba ahora sí en crear algo definitivo, importante en el combate a la corrupción y que era una farsa. Fue una farsa.

Actualmente nos ha demostrado que no ha tenido los resultados que se anticipaban.

-          ¿Actualmente es una farsa?

Ha sido una farsa.

-          Menciona obstáculos ¿Qué tipo de obstáculos?

Desde el cambio a la Constitución en el estado de Nuevo León, de arrebatarle al Ejecutivo la función de procuración de justicia para asignarla al propio Congreso y poder designar, nombrar a los fiscales a modo, de manera que sea una risa, una burla del combate a la corrupción.

-          En su exposición hacía referencia a los órganos autónomos. ¿Tiene razón López Obrador?

Sí, efectivamente. Ha habido institutos autónomos que han llevado su autonomía a la protección de sus propios intereses y se han dedicado a ver cómo mantienen esa canonjía, esa concesión y, en descuido para lo que fueron designados.

Pero ni es generalizado ni son todos los casos. Ni la única manera de arreglarlo es eliminarlos. Entonces, desde luego estoy a favor de cualquier labor de limpieza que se haga en los órganos de gobierno; pero llevarlo al extremo de eliminarlos y sustituirlos por algo que tampoco está de una vacuna contra la corrupción, lo veo como un ejercicio disyuntivo exclusivamente.

-          Estos sistemas anticorrupción, como en el caso de Oaxaca, es el Congreso quien nombra a los miembros del Comité de Participación Ciudadana, y también al auditor y los demás integrantes de los órganos autónomos que conforman el sistema; con muy buenos salarios. ¿No es esto, al final también una simulación?

Siempre lo he dicho, no es solución dar esta facultad al Congreso. En esta discusión que se armaba entre quién nombraba al director o al secretario técnico, no es solución el pasárselo al Congreso con el pretexto de que así iba a estar más libre de poder juzgar al Ejecutivo, puesto que no había ligas en el nombramiento con él.

Pero quedan ligas con el Congreso que es un ente mucho más político, donde están representados los partidos y los partidos es un duopolio, la verdad, todavía, muy probablemente el duopolio cambie a PRI y Morena, pero sigue siendo un grupo pequeño que son los más interesados de que no se castigue a aquellos miembros de sus partidos que cometieron corrupción, porque muchas de esas corrupciones fueron a fondos de campaña que son ilegales, pero que favorecieron a que los partidos continuasen en el poder a través de comprar votos o arreglar las elecciones.

Es patético, es realmente perverso.

-          ¿Cuál sería la alternativa para tener un sistema anticorrupción efectivo?

No hay una varita mágica, no hay algo de lo que estemos seguros que funcione. Yo creo, en la situación actual, que sea el Ejecutivo que nombre al director además para asegurarse que las oficinas del ejecutivo van a estar siempre disponibles y abiertas a colaborar con la Fiscalía para proporcionar la información para investigar los actos de corrupción que se dieron en sus propias oficinas.

Si hay una animadversión entre el Fiscal y el Ejecutivo, el Ejecutivo va a cerrar sus archivos y sus cuentas de fuente de información, etcétera y se va a dificultar poder armar los casos con pruebas duras que son los que pide ahora el juicio oral. Entonces es importante dar cabida a que haya esa misma comunión de fines entre el Fiscal y el Ejecutivo para hacer efectiva la atención.

Creo que el contrapeso parte está en el Congreso, pero mayormente en la sociedad civil.

Depende de la sociedad civil ganarse esa participación, no sólo que se le reconozca, sino que realmente estén dispuestos a poner alma, corazón y vida en el desarrollo de esta función, porque de otra manera es nada más un horno para los actos públicos la participación de la sociedad civil