Denuncian allanamientos y ataques a integrantes de Consorcio
De 2011 a la fecha, dijeron las directivas de esta organización, suman 11 incidentes de este tipo; seis de ellos en la administración de Alejandro Murat
Las dirigentes de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca denunciaron seis allanamientos y ataques a sus integrantes durante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.
Con estas agresiones, dijeron, suman 11 desde el año 2011 a la fecha, en los que se observa un patrón sistemático de ataques que involucra intimidaciones, vigilancia, campañas de desprestigio, allanamientos y robo a oficinas y casas de los miembros de la asociación civil.
El más reciente ocurrió el pasado 5 de enero de 2018, cuando fue allanado el domicilio de Yésica Sánchez Maya, directiva de la organización, y en el que cortaron la cerca de seguridad, desactivaron alarmas, destruyeron chapas y se robaron su computadora, pantallas y material de seguridad, incluyendo video grabadora y módem de internet; mientras que fueron dejados otros objetos de valor.
Los ataques durante la actual administración gubernamental ocurrieron el 2 de diciembre de 2016, 15, 17 y 18 de febrero, 6 de abril de 2017, y el más reciente ocurrido en los primeros días de este año.
La organización ha interpuesto ocho denuncias penales, de las cuales solamente se ha judicializado una y en todas prevalece la impunidad, aseguraron.
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca cuenta con medidas cautelares solicitadas a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, las cuales no han si cumplidas a cabalidad; incluso, denunciaron que la Secretaría de Seguridad Pública ha solicitado retirar estas medidas.
“Responsabilizamos a Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, de nuestra vida e integridad, así como de cualquier nuevo ataque en contra de Consorcio Oaxaca y de sus integrantes”, manifestaron las dirigentes de la organización, Pilar Muriedas Juárez, Ana María Hernández y Yésica Sánchez Maya.
También exigieron a la Fiscalía General del Estado asumir su responsabilidad y aprehender a los responsables.