Advierten arraigo de “vicios” en sistema de justicia penal

El informe presentado por organizaciones civiles y académicas, asegura además, que existe un régimen de excepción en casos de delincuencia organizada y uso indebido en el procedimiento abreviado

Foto: Mario Arturo Martínez / EL UNIVERSAL
Seguridad 19/02/2018 15:47 Juan Carlos Zavala Oaxaca de Juárez, Oaxaca Actualizada 15:47

Organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas advirtieron la persistencia de problemáticas que impiden la adecuada aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal en el país, así como la amenaza de una posible contrarreforma pendiente en la Cámara de Diputados federal.

Durante la presentación del informe “Del papel a la práctica: la aplicación de las reformas constitucionales en el sistema de justicia 2011-2016”, destacaron que el nuevo sistema genera condiciones que incentivan una mejor aplicación de estándares como la presunción de inocencia y la valoración de pruebas, y la reduce la posibilidad de introducir ciertas pruebas ilícitas al proceso.

Sofía de Robina Castro, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), aseguró que continúan problemas en su aplicación como el arraigo de los vicios del sistema anterior, la inacabada transición en las instituciones, un régimen de excepción en el sistema acusatorio referente a la delincuencia organizada e indicios del uso indebido del procedimiento abreviado.

También destacó la amenaza de una contrarreforma al nuevo sistema de justicia penal representada en la iniciativa de Miscelánea Penal pendiente en la Cámara de Diputados y que podrían significar echar abajo logros en materia de principios que garantizan el respeto a los derechos humanos.

El estudio realizado con financiamiento de la Unión Europea, monitoreó cuatro rubros en 100 sentencias dictadas por jueces: control de convencionalidad, que se refiere a la aplicación de lo que establecen los tratados internacionales, igualdad ante la ley, presunción de inocencia y valoración de las pruebas y, exclusión de pruebas obtenidas violando derechos humanos.

Robina Castro precisó que en cuanto a la reforma en derechos humanos (control de convencionalidad) se encontró que aunque en las sentencias se cita el artículo primero constitucional, no necesariamente garantiza un uso adecuado: en ocasiones se cita sin argumentar su aplicación, en otras se cita y aplica inadecuadamente o de manera retórica.

En el peor de los casos o resoluciones de los jueces, no se realiza ningún control de convencionalidad ni menciona a los principios constitucionales en la materia.

“Es un paso adelante el que se mencionen en las sentencias, pero no es lo que queremos. Lo que queremos es que efectivamente la protección de los derechos humanos se lleve a la práctica”, dijo.

Sobre igualdad y discriminación, en el informe se observó su escasa aplicación. En la mayoría de los casos, aún en los que es evidente la presencia de un sector o grupo en especial vulnerabilidad (mujeres, indígenas, personas extranjeras), se mantiene un trato aparentemente neutral lo que se traduce en falta de medidas positivas para garantizar una efectiva incorporación judicial de estos derechos.

Por ejemplo, en el 87 por ciento de las sentencias en casos de mujeres no se realizó un análisis en materia de igualdad; y en el 67% en aquellos que involucraban a personas indígenas. “No se está juzgando con una perspectiva de género, no hay una aplicación real aunque se mencione en el papel”, apuntó Yésica Sánchez Maya, de Consorcio para la Equidad y el Diálogo Parlamentario.

En el monitoreo se encontró que en la presunción de inocencia y valoración de pruebas se otorgó un valor excesivo a las declaraciones y en particular a las dadas por los policías y falta de razonamiento lógico de las pruebas.

Las asociaciones civiles y académicas, detectaron que en la mayoría de las sentencias en las que la defensa aleó la obtención de pruebas ilícitas, el juez las admitió y valoró todas o algunas de ellas sin esclarecer los orígenes de la prueba.

Margarita Dalton Palomo, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), opinó que uno de los principales problemas es que aún entre los aplicadores del sistema, los jueces, permea la resistencia a los cambios plasmados en la ley: “son viejas prácticas con una ideología arcaica”.

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