Estado debe garantizar el derecho a la verdad a familia de Alexander, asesinado por un policía: Defensoría

Oaxaca de Juárez.— A más de cuatro meses del asesinato de Alexander, un joven futbolista de 16 años, a causa del disparo de un arma de la Policía Municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, en la región de la Cuenca del Papaloapan, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó una investigación diligente y eficaz, que permita esclarecer cómo ocurrieron los hechos y conocer la verdad a los familiares y a la sociedad.

Dicha investigación, así como el castigo efectivo a los responsables, es un paso necesario para alcanzar la reparación de los derechos de las víctimas y la identificación de aquellas medidas necesarias para prevenir la repetición de hechos similares, indicó el órgano autónomo. 

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“La investigación debe ser efectiva y sin dilación ya que ésta tiene un efecto tutelar, aleccionador, disuasivo y es clave para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación”, indicó.

Para la DDHPO,  las pesquisas deben estar centradas en el principio de debida diligencia, para que ésta no sea emprendida “como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”, sino que cada acto del Estado que conforma el proceso investigativo y en su totalidad, “debe estar orientada hacia una finalidad específica: la determinación de la verdad, que implica la persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los hechos”.

Lo anterior lo expuso la Defensoría el pasado sábado, luego de que un equipo multidisciplinario de la  encabezado por Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de dicho órgano, se reunió con la familia de Alexander Martínez Gómez.

De acuerdo con la DDHPO, en el encuentro, se refrendó el compromiso de acompañar  permanentemente a la familia en su exigencia de justicia ante las diversas instituciones, además de investigar las probables violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado y pronunciarse al respecto.

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“La privación de la vida por parte de agentes del Estado de manera arbitraria, constituye una grave violación a los derechos humanos, —independientemente de que la conducta se encuentre o no tipificada como una categoría específica de homicidio calificado o como un tipo penal autónomo en las leyes locales y nacionales—conforme lo establece el derecho internacional en los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias”, indicó. 

Ante ello la DDHPO, consideró  que examinar violaciones a los derechos humanos es uno de los deberes elementales del Estado y su naturaleza es particularmente grave, pues “se requiere enviar un mensaje claro de combate a la impunidad, obligación ineludible de todos los operadores de justicia; desde los que investigan, hasta los que sentencian”.

El llamado de la Defensoría a garantizar el derecho a la verdad para la familia de Alexander y la sociedad toda, explicó, se debe a que este derecho comprende una doble dimensión, pues se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a violaciones de los derechos humanos, y el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos.

Ante ello, el órgano autónomo sostuvo que la búsqueda efectiva de la verdad corresponde a las diferentes instancias de procuración y administración de justicia del Estado, no así de la iniciativa procesal de la víctima, sus familiares o de su aportación de elementos probatorios, “porque el Estado de Derecho como ente jurídico internacional y nacional tiene la carga de la prueba en relación con una violación grave de derechos humanos”.