Fiscalía de la República atraerá homicidios de políticos en Oaxaca

La comisión permanente del Senado de la República aprobó hoy que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones sobre los asesinatos de militantes, candidatos y presidentes municipales de Morena asesinados en Oaxaca. 

La iniciativa propuesta por el senador Salomón Jara Cruz argumenta la impunidad que prevalece en estos homicidios, e incluso mencionó el ataque con ácido a la joven María Elena Ríos Ortiz.

Los asesinatos políticos que el senador destacó en Oaxaca son los del presidente municipal y síndico de Jalapa de Díaz, Arturo García Velásquez y Javier Terrero; el candidato a diputado local Emigdio López Avendaño, y del presidente municipal de Tlaxiaco, Alejandro Aparicio Santiago, entre otros.

El senador recordó que el 23 de diciembre de 2019 fue ejecutado en un evento público organizado por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), frente a su esposa e hijos, Arturo García Velázquez, alcalde de Jalapa de Díaz; y en el mismo evento también fue asesinado el síndico Javier Terrero.

“Estos arteros asesinatos tuvieron lugar después de que, apenas el mes de octubre pasado, García Velázquez y otras nueve personas, entre ellas sus comandantes de la policía municipal, fueran detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) debido a su presunta participación en el delito de desaparición forzada de particulares”, declaró.

También puntualizó que tal detención se ordenó como parte de una campaña política de la fiscalía del estado contra diversos actores locales y presidentes municipales emanados de Morena. Esta circunstancia, afirmó, quedó demostrada cuando días después un juez dictó sentencia absolutoria en primera instancia, y confirmó que no existían elementos suficientes de prueba que pudieran incriminar al alcalde.

Adicionalmente, el juez federal encontró irregularidades en el debido proceso y acreditó que las armas encontradas en el domicilio del alcalde habían sido sembradas.

“En consecuencia, el propio Arturo García Velázquez denunció ante el Senado de la República ser víctima de una persecución política por parte del fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, luego de haber alzado la voz para exigir la conclusión de un hospital en el municipio, cuyas obras tienen un retraso de 12 años”, declaró el senador.

El senador oaxaqueño explica que en aquella ocasión, Arturo García comentó que tenía información sobre la intención por vincularlo a nuevas carpetas de investigación, al igual que a otros presidentes municipales; y responsabilizó directamente al fiscal general Rubén Vasconcelos, así como al coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, José Alfredo Álvarez, de cualquier agresión que pudieran sufrir él o su familia.

“En este contexto, nuestra exigencia de justicia se une a la demanda generalizada en el estado frente a la impunidad que gozan los delincuentes a costa de la tranquilidad de las y los oaxaqueños. No es la primera vez que denunciamos que la fiscalía estatal es incapaz de cumplir con la alta responsabilidad de procurar justicia, y que como en esta ocasión se acredita, dicha instancia es utilizada para fabricar carpetas de investigación a modo, y promover objetivos o venganzas personales”, recalcó Salomón Jara.

A este doble homicidio se suma el que ocurrió el 26 de junio de 2018, cuando Emigdio López Avendaño, candidato de Morena a diputado local por el distrito 21 con cabecera en Ejutla de Crespo, fue asesinado junto con cuatro de sus compañeros mientras realizaban actividades proselitistas por el municipio.

Emigdio López formaba parte de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos José Dolores López Domínguez (CIOAC-JDLD). Con su asesinato, ascendió a 130 el número de candidatos asesinados en el anterior proceso electoral. En la emboscada también perdieron la vida Saúl Vásquez Villegas, Olga Lidia Vásquez Sánchez, Apuleyo Cruz, y Florencio Ramírez, quienes acompañaban al candidato en su recorrido de campaña.

Posteriormente, continuó el senador, el 1 de enero de 2019 Alejandro Aparicio Santiago murió poco después de tomar posesión como presidente municipal de Tlaxiaco.

“Los referentes anteriormente señalados constituyen sólo algunos ejemplos de la tendencia creciente de violencia política, impunidad y crisis de las instituciones de impartición de justicia que priva en Oaxaca; y son también evidencia clara de la política de agresión de la que han sido víctimas compañeras y compañeros integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional”.

Sólo para ejemplificar lo anterior, aseguró, de los 130 homicidios políticos que sucedieron en 2018, en Oaxaca ocurrieron 24, lo que ubica a esta entidad en segundo lugar nacional, sólo detrás del estado de Guerrero.

“Adicionalmente, según reportes oficiales, Oaxaca fue uno de los diez estados mexicanos con hechos delictivos y situaciones de violencia por encima de la media nacional. Es uno de los estados con mayor número de casos en materia de violencia política, y una entidad en la que, desafortunadamente, prevalece la impunidad y se actualiza el supuesto de falta de confianza e ineficacia de la fiscalía local”, sostuvo.