“Sin recursos, combate a la corrupción en Oaxaca queda sólo en discurso político”: Iruegas

Oaxaca de Juárez.— A tres años de la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, su titular, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, sostiene que aunque el discurso anticorrupción mantiene un espacio prioritario en la vida pública del país, en la realidad su materialización no ha sido una prioridad.

De ahí, advierte, la desproporción entre los altos índices de corrupción en México con respecto a los casos judicializados y sentencias condenatorias contra el número de  presuntos responsables.

En Oaxaca, para la Fiscalía Anticorrupción, en la primera mitad de 2017 se establecieron las bases constitucionales para la designación de su titular, en septiembre de 2018 se modificó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y hasta principios de 2020 se ratificó su autonomía administrativa, técnica, de gestión y decisión, y se validó formalmente su estructura orgánica.

Pese a ello, sostiene que existe debilidad institucional de la procuración de justicia en México por diseños organizacionales y legales inadecuados, la captura política y la propia corrupción interna.

Lo anterior, explica, porque los entes de investigación y persecución, como estas fiscalías anticorrupción, no tienen la capacidad humana, material, tecnológica y presupuestal; sobre todo, porque las fiscalías anticorrupción no fueron planeadas, sino sólo son reactivas a discursos políticos.

“El gran reto es judicializar investigaciones sólidas que soporten un juicio y ejercer constantemente acciones de extinción de dominio. Sin embargo, para lograrlo, es necesario dotarlas de las capacidades requeridas, profesionalizar a sus integrantes y abrir el monopolio de información financiera y fiscal que detenta la autoridad federal. Siendo necesario la voluntad política que permita esta la fortaleza institucional”, dice.

Iruegas recalca que la voluntad política y fortaleza institucional son pilares fundamentales en la consecución de un combate a la corrupción efectivo y eficaz.

“Esta voluntad política nace de la propia exigencia social, y a partir de ella se detona la fortaleza que toda institución pública requiere para cumplir a cabalidad sus objetivos; mientras que la fortaleza institucional  se origina justamente de esa voluntad política para visualizar, pero sobre todo materializar, una Fiscalía Anticorrupción a plenitud de capacidades con recursos humanos (suficientes y capaces), materiales y financieros”.

Hasta la fecha, profundiza, la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca carece de los recursos materiales, humanos y financieros mínimos necesarios para cumplir con sus atribuciones y funciones.

Es esto lo que ha impedido la definición de la política de persecución penal en materia de combate a la corrupción y mayores resultados en cuanto a eficacia y prontitud; ello por la falta de cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad aplicable, por parte de los responsables de la titularidad y administración de la Fiscalía General de Oaxaca, acusa.  

El fiscal Anticorrupción recuerda que el 22 de septiembre de 2018 se modificó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca dotando a la Fiscalía Anticorrupción de autonomía administrativa, técnica, de gestión y decisión y disponiendo una estructura orgánica mínima.

Pero, y a pesar de que se envió en tiempo y forma al fiscal general Rubén Vasconcelos, el apartado del reglamento relativo a la Fiscalía Anticorrupción, la modificación al mismo, no fue publicada en el Periódico Oficial, sino hasta el 17 de enero de 2020.

“Es decir, pasaron más de 480 días a pesar de las múltiples solicitudes efectuadas, ocasionando no sólo que no se tuvieran los recursos necesarios y suficientes para el desempeño de las funciones de la Fiscalía Anticorrupción durante los ejercicios  2018, 2019 y 2020, sino que tampoco se  respetó la independencia necesaria para el ejercicio de sus atribuciones sin ninguna presión indebida acorde a los instrumentos internacionales en la materia”.

A ello, menciona, se suma la pandemia, pues  a partir del 23 de marzo de 2020 se dispuso que  la fiscalía  tuvo que seguir un plan de  acción para poder cumplir con sus obligaciones.

Iruegas asegura que a pesar de todo lo anterior, la Fiscalía Anticorrupción cumplió en el periodo 2019-2020 “con responsabilidad y aplomo con las funciones y atribuciones encomendadas, a partir de la carencia en cuanto recurso humano, material y financiero para realizarlas.

“Si bien las acciones y logros pueden ser mejorables, el análisis y la evaluación del trabajo tendrá que tomar en cuenta las causas (no imputables a la Fiscalía Anticorrupción) por las cuales no se ha tenido hasta el día de hoy las condiciones suficientes para su operación”, finaliza.