Estudio revela deficiencias en la situación jurídica de 954 indígenas en prisión
Los principales problemas que enfrentan en prisión son: la falta de acceso a la justicia, la inexistencia de un intérprete, y la carencia de aplicación de los principios de pluriculturalidad
En Oaxaca, el acceso a la justicia para indígenas en prisión continúa siendo un pendiente para garantizar los derechos de esta población en el estado, señalan organizaciones defensoras.
Este miércoles el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A. C. (Cepiadet) y Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsíLegal) presentaron el informe: "Entre la realidad y la justicia: Cómo garantizar los derechos de las personas indígenas en conflicto con la ley penal en Chiapas y Oaxaca", en el cual exponen la problemática de la falta de acceso a la justicia para este sector vulnerable de la población oaxaqueña, y también proponen políticas públicas para su solución.
Durante la presentación del documento, el director de Así Legal, José Luis Gutiérrez, informó que una de las deficiencias halladas es la falta de precisión de las personas indígenas privadas de su libertad, y la práctica aún de la tortura contra ellas durante su detención en el estado.
Además de ello, el Estado carece de la formación de intérpretes para acompañar a las personas indígenas en prisión durante sus procesos judiciales.
Dicho informe fue presentado este miércoles en el Centro Cultural San Pablo, en la ciudad de Oaxaca.
Para el director de la Defensoría Pública del estado, Jesús Herrera, los principales problemas de las personas indígenas en prisión y de su situación jurídica son: la falta de acceso a la justicia, la inexistencia de un intérprete, y la carencia de aplicación de los principios de pluriculturalidad, generan la brecha de acceso a la justicia para la población indígena, y su reinserción social.
De acuerdo con el informe, hasta junio de 2018 el estado de Oaxaca tiene registro de tres mil 368 personas privadas de la libertad, de las cuales 954 pertenecen a un pueblo o comunidad indígena, lo que representa el 28.3% de población recluida.
De las personas indígenas privadas de la libertad, el 97% eran hombres (929) y el 2.6% mujeres (25 personas).
