Inviable, retirada de las fuerzas armadas en combate al crimen: especialistas

El investigador de la UNAM, Raúl Benítez, y el almirante retirado Conrado Aparicio, advirtieron un posible vacío de poder que sería ocupado por los grupos delincuenciales

Foto: Mario Arturo Martínez / EL UNIVERSAL
Seguridad 25/11/2017 13:44 Juan Carlos Zavala Santa Lucía del Camino, Oaxaca Actualizada 13:44

Una retirada de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, en estos momentos, conllevaría un enorme riesgo al provocar un vacío de poder que sería aprovechado por los grupos delincuenciales, coincidieron especialistas.

Para el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Benítez Manaut, la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina es imprescindible en donde hay alta incidencia de crimen organizado.

El almirante retirado Conrado Aparicio Blanco, por su parte, aseguró que no hay en el Estado nacional ninguna otra fuerza que pueda hacer frente al crimen organizado en las proporciones y dimensiones que éste tiene.

Ambos, coincidieron en señalar que un posible regreso de las fuerzas armada a los cuarteles únicamente es posible si éste se realiza de manera gradual, georreferenciada y de manera paralela el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad pública civiles.

“Para que, si hay un retiro gradual de tropas haya una cobertura inmediata de otros cuerpos de seguridad del estado, a fin de que no se aproveche el crimen organizado de esa rotación. En este momento es muy difícil plantear la salida; pero sí se debe discutir espacios donde puede ser posible el retiro gradual y el fortalecimiento de cuerpos civiles que hagan ese trabajo, el que les corresponde por ley”, apuntó Benítez Manaut.

Esta semana, la Ley de Seguridad Interior “congelada” en el Congreso de la Unión volvió a ser el centro de debates luego que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, solicitara de nueva cuenta a los legisladores la aprobación de esta ley para contar con un marco jurídico que regule la actuación de las fuerzas armadas en temas de seguridad pública.

El académico de la UNAM afirmó que la ley es una necesidad, pero en la que debe analizarse su contenido específico, porque también debe involucrar a la Policía Federal y otros cuerpos de seguridad pública, no sólo a las fuerzas militares.

Conrado Aparicio agregó que las fuerzas armadas continuarán la lucha contra el crimen organizado hasta que no se tengan corporaciones de seguridad pública fortalecidas; sin embargo, puntualizó que es necesaria una ley que otorgue un marco legal sobre cuándo puedan estar en las calles y en qué determinados momentos.

“Esa ley debe decir”, precisó, “en qué circunstancias y cuándo sí, las fuerzas armadas deben intervenir en determinadas áreas y lugares para combatir el crimen organizado”.

Militarización y derechos humanos

Algunas de las razones por las que no ha avanzado la Ley de Seguridad Interior es por las acusaciones de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos sostienen que se está militarizando el país, porque a raíz de la presencia del Ejército en las calles, aumentaron las violaciones a los derechos humanos y porque tampoco han implicado una reducción en la violencia e inseguridad que vive el país. Este año, según datos oficiales, ha superado todos los récords en número de homicidios dolosos.

Benítez Manaut afirmó que la militarización es cierta y que es parte de las políticas de seguridad en el país. No obstante, no consideró que esto implique algún riesgo mientras que no afecte la democracia y las garantías individuales de las personas.

Sobre la violación a derechos humanos, opinó que los militares deben tener un proceso de aprendizaje para actuar con eficiencia y respetando a los ciudadanos.

“Por supuesto que cuando se van a enfrentar con criminales es otra cosa, porque deben darle tratamiento de criminales, pero distinguir en algunas ocasiones entre ciudadanos normales y criminales es muy difícil y es una cosa que sólo puede hacer un buen trabajo de inteligencia”, dijo.

El almirante aceptó el que haya oposición de organizaciones e incluso acusaciones sobre violaciones a derechos humanos y que incluso, en momentos de combate “pueda darse esa circunstancia”. Sostuvo que hay capacitación y sanciones para quienes incurren en estas conductas.

Guerra no declarada

Conrado Aparicio, además, consideró que el combate al crimen organizado es una guerra no declarada y asimétrica porque los grupos delincuenciales “no trabajan con pequeñas armas”, sino que está “perfectamente armado”, se apodera de regiones del país y desafía al Estado en su soberanía.

Si el Estado es desafiado en su soberanía, afirmó, tiene que utilizar a sus fuerzas armadas para recuperar espacios, para restablecer la soberanía y hacer valer el Estado de Derecho.

Por eso, insistió que en las fuerzas armadas deben de continuar mientras no se tenga un sistema seguridad pública y de procuración de justicia lo suficientemente fuerte y sólido: “como para poder decir, ahora sí las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles”.

“Los mandos de las fuerzas armadas”, finalizó Conrado Aparicio, “y en este caso en mi calidad de almirante de la fuerza armada de México, te puedo decir que nuestra vocación es la seguridad nacional y la defensa de la nación, no la seguridad pública. Pero que la hemos asumido con responsabilidad porque entendemos que la nación nos ha necesitado por estas circunstancias”.

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