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La impunidad, la corrupción, las deficiencias operativas en las procuradurías, la ausencia de imparcialidad y las violaciones a los derechos humanos sumieron a los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia del país en una “grave crisis”.

Son los resultados de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia realizada por la UNAM, Inacipe, CIDE y Conacyt ante la propuesta del ex procurador General de la República Raúl Cervantes el 15 de febrero de este año ante el Senado de la República y la Cámara de Diputados. En ese momento se propuso hacer un ejercicio académico y se convocó a foros y mesas de debate con expertos, universidades, instituciones académicas, tribunales, procuradurías, fiscalías, comisiones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil con base en diagnósticos y estudios previos sobre el modelo de procuración de justicia.

En las conclusiones se asegura que “los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan una grave crisis”. Se exhiben además problemas en la transición hacia el nuevo modelo de justicia penal acusatorio, la falta de una política criminal, la carencia de una visión sistémica de la seguridad pública, saturación de penales y, en el caso de la delincuencia organizada, identifica una “utilización extensiva de las Fuerzas Armadas como alternativa para enfrentar el fenómeno”.

Estos factores, resalta el documento entregado en Palacio Nacional al consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, en ausencia de representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores, han alimentado la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y justicia de todos de los niveles de gobierno, la cual actualmente es “bajísima”.

El informe presenta siete recomendaciones y casi 50 planteamientos para realizar modificaciones en el ámbito constitucional, federal y local, para construir o ampliar el sistema de justicia. Algunos de esos puntos son acciones que se pueden emprender de forma inmediata sin tener que esperar los proce sos legislativos, además de que propone alternativas sobre la participación ciudadana.

Soluciones a largo plazo. El documento, que consta de 90 páginas, señala que los problemas “no se pueden corregir a corto plazo. Tampoco bastan los cambios en aspectos muy puntuales para corregir el rumbo. Resulta ingenuo e irresponsable ofrecer resultados positivos en lo inmediato”, sentencia.

Alerta que “debe considerarse que la crisis de seguridad pública que vivimos desde hace casi dos décadas tampoco ha de ceder en el corto plazo”.

El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, advirtió que todos los estudios y diagnósticos coinciden en que las procuradurías del país tienen problemas estructurales y que sus deficiencias son de décadas, por falta de inversión en capital humano y políticas de Estado.

Estuvieron el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán; del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales; del consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza; del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar. También el titular del Inacipe, Gerardo Laveaga; del presidente de la CNDH, Luis Raúl González; del titular del INE, Lorenzo Córdova; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y de la académica María Amparo Casar.

López Ayllón dijo que, aunque todos reconocen que existe una estrecha vinculación entre prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos, “lo cierto es que no hay un espacio institucional que permita identificar los roles, competencias, marcos de actuación y objetivos de las diferentes instituciones y órdenes de gobierno involucrados”.

Urgió a crear un nuevo modelo de investigación acorde con el sistema acusatorio y una política criminal que recaiga en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. “En el entorno del sistema acusatorio, las fiscalías del país deben cumplir con cuatro funciones centrales: diseñar un plan de persecución penal, investigar y perseguir los delitos con base en ese plan, tener un modelo robusto de gobernanza y conducción institucional, y contribuir a institucionalizar y gestionar los conflictos”.

Sostuvo que México enfrenta un panorama complejo en materia de seguridad y procuración de justicia, y exigió a las autoridades a revertir esta tendencia. “Si queremos diseñar y construir un nuevo modelo de procuración de justicia tenemos que reconocer que enfrentamos un panorama sumamente complejo; son muchas las deficiencias normativas, estructurales y aun culturales. Además, debemos hacernos cargo de que un modelo integral de procuración de justicia no sólo incluye a la Fiscalía General, sino a todas las fiscalías de las entidades federativas”, así como a las instancias de seguridad pública y sistemas penitenciarios.

Mario Amparo Casar, investigadora del CIDE, dijo que “no hay reforma estructural más importante que la que hoy se presenta. Para un gobierno que se precia de ser reformista, sería la mejor manera cerrar el sexenio”.

El académico del IIJ-UNAM Pedro Salazar Ugarte enfatizó que los estudios y diagnósticos elaborados por la propia PGR o por instituciones académicas y sociales son contundentes: “Nuestro diseño institucional para procurar justicia no funciona. No ha funcionado desde hace tiempo y mucho menos lo hace ahora que se encuentra en proceso de implementación de la ambiciosa, importante y prometedora reforma en materia de justicia penal de 2008”.

Se debe seguir implementando la reforma sin retrocesos y, en paralelo, dijo, emprender una transformación de la procuración de justicia que implique la reforma de cuatro artículos constitucionales: 21, 102, 116 y 173; un rediseño profundo de las instituciones de procuración a nivel nacional y un Código Penal único.

“La sociedad está hastiada por la corrupción, temerosa ante el crimen, mira impávida el cinismo delincuencial y desconfía con buenas razones de las instituciones responsables de prevenir, perseguir y castigar a la delincuencia”.

La sociedad mexicana, afirmó Ugarte Salazar, exige justicia ahora y por eso “queremos y promovemos fiscalías políticamente autónomas, técnicamente sólidas, transparentes, con controles que sancionen los abusos y castiguen las corruptelas internas y externas con funcionarios —policías, ministeriales, periciales, administrativos— profesionales y de carrera y, sobre todo, capaces de ganarse la confianza y el respeto de la ciudadanía”.

El director del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la PGR, Gerardo Laveaga, señaló que los resultados de la consulta deben servir a las autoridades como un horizonte, pero “también como alerta y acicate”, y pidió a los encargados de procuración y administración de justicia no “desdeñar” los pendientes administrativos.

“Representa una oportunidad inmejorable para unir fuerzas legisladores, jueces, servidores públicos, académicos, litigantes y, sobre todo, sociedad civil, para apuntalar el Estado de derecho en México”, enfatizó.

Impunidad. El ómbudsman nacional Luis Raúl González Pérez afirmó que la falta de investigación y persecución de los delitos por la autoridad ministerial deja en la impunidad los ataques contra policías, lo que podría violar los derechos humanos de esas personas al negarles su derecho de acceso a la impartición de justicia.

Enfatizó que “pretender encontrar en la defensa y protección de los derechos humanos la causa última de la inseguridad y de la impunidad en el país es un falso debate, ya que son posibles y compatibles la observancia del Estado de derecho y la prevención y persecución efectiva de los delitos con el respeto a los derechos fundamentales”.

Se pronunció por mejorar las condiciones laborales de policías civiles y con desempeño basado en un sistema de carrera profesional y mecanismos de control internos y externos.

Los expertos que participaron en la consulta coinciden en la necesidad de un “acuerdo nacional por la seguridad pública y la justicia penal que involucre a todos los operadores del sistema en todos los ámbitos y niveles de gobierno”, con la participación de la sociedad.