Impunes 71% de las denuncias de tortura
Entre 2017 y 2018 hubo 312 casos denunciados de tortura, de los cuales sólo se emitió una recomendación
En Oaxaca, la justicia no llega para las víctimas que sufren de algún tipo de tortura.
Sólo entre 2017 y 2018 en el estado se han registrado 312 casos, de los cuales 71% permanecen en la impunidad, según un informe del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), con base en información de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas, de la Fiscalía General del Estado (FGEO).
El documento denominado Impunidad y Negación de la Tortura en Oaxaca. Informe sobre Tortura y Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 2017-2018 apunta que, además, se tiene registro de 137 quejas por tortura entre 2015 y 2017 en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y apenas una recomendación por este delito de 2017 a 2018.
Código DH destaca que, de acuerdo con una investigación de 2016 del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de la Américas-Puebla, el grado de impunidad en Oaxaca con respecto al resto de las entidades fue de 71% y el de casos no denunciados, de 93.3%.
La investigación de Código DH resalta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó que de 2000 a 2017 procesó 417 quejas por tortura y otras 11 mil 196 por tratos crueles, inhumanos y degradantes.
De éstas, la entidad sólo emitió 100 recomendaciones por tortura y 191 más por tratos crueles.
La organización civil sostiene que la tortura en Oaxaca es una práctica que se ha perpetuado y que ha alcanzado momentos críticos en dos momentos cruciales en la historia del estado.
Como ejemplo señala el conflicto de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2006, en el que se presentaron 139 detenciones realizadas con tortura.
Mientras que otro momento es el 19 de junio de 2016 durante el Operativo Oaxaca, en el municipio de Nochixtlán, donde se registraron ocho personas asesinadas, al menos 137 personas lesionadas por armas de fuego, quemaduras, golpes e intoxicaciones y, por lo menos, 18 más torturadas.
“La correcta documentación e investigación de la tortura en el estado redundará en la aplicación de sanciones a los actores que la ejecuten y se alcance un decremento en la impunidad y, con ello, la posibilidad de recuperar la credibilidad en los órganos impartidores de la justicia”, afirma en su informe.
También sostiene que, “debido a la ineficacia de las instancias encargadas de investigar la comisión de delitos, parece más fácil “hacer que alguna persona inocente, a través de métodos de tortura, termine confesándose culpable de algún delito que no cometió”.
