Persiste la desaparición forzada y los crímenes de Estado en el gobierno de AMLO: EPR

El grupo guerrillero demanda la presentación con vida de los eperristas Alberto Cruz y Edmundo Reyes, a 12 años de su desaparición forzada

Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Seguridad 29/06/2019 06:00 Juan Carlos Zavala Oaxaca de Juárez, Oaxaca Actualizada 06:03

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) afirmó que la desaparición forzada por motivos políticos o sociales, las ejecuciones extrajudiciales, así como los crímenes de Estado, persisten en México y en el gobierno del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado, además, reiteró su exigencia de presentación con vida de dos de sus militantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, víctimas de desaparición forzada hace 12 años cuando fueron detenidos desaparecidos por agentes del Estado por pertenecer al EPR.

Los eperristas desaparecieron el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, cuando Ulises Ruiz Ortiz era gobernador del estado y Felipe Calderón Hinojosa jefe del Ejecutivo federal y de las fuerzas armadas, “ambos responsables directos”. El EPR sostiene la corresponsabilidad el gobierno de Enrique Peña Nieto al mantener la misma política que su antecesor y por garantizar protección e impunidad a los autores materiales e intelectuales.

“También será corresponsable el actual gobierno federal en la medida que no se presente con vida a nuestros compañeros, en tanto es crimen de lesa humanidad que no prescribe”.

Según el grupo guerrillero, incluso, las ejecuciones extrajudiciales se han incrementado y junto con la desaparición forzada, es parte de la política de gobierno fincada en el terrorismo de Estado.

La diferencia en la administración de López Obrador, respecto a las anteriores, el EPR es que en la de López Obrador el cometido de estos crímenes de lesa humanidad y a la vez de Estado, en su mayoría se ejecutan sobre el pueblo organizado.

“El fenómeno de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial en el país no ha cambiado de esencia, su tendencia es la misma, a la alza; las motivaciones por las cuales se perpetra son las mismas, sostenidas por los diferentes gobiernos desde el año 2000; sus planificadores, ejecutores y encubridores son agentes del Estado, los cuales hasta ahora se les mantiene en la impunidad; y, las víctimas directas e indirectas siguen siendo del pueblo”.

El EPR señaló que las corporaciones policíaco militares encargadas de materializar la violencia contra el pueblo son parte del aparato represivo, éste sigue intacto y es la explicación concreta de por qué la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales continúan en todo el país.

En ese contexto, sostuvo que la Guardia Nacional es heredera de la condición criminal de las fuerzas policíaco militares, los que la conforman y hoy adiestran han sido los responsables materiales e intelectuales de la política de terrorismo de Estado.

“Ante el arribo de una nueva administración y de los dichos de ésta, la desaparición forzada persiste a pesar del discurso optimista que por decreto toda injusticia se declara resuelta, sin embargo, al confrontarse con la realidad resulta contradictorio, lo que abona a la impunidad y el cometido de más crímenes de Estado, verbigracia, el activista Samir Flores y la larga lista en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz”.

Asimismo, recalcó que el reconocimiento del fenómeno de la desaparición forzada, de sus consecuencias nefastas, así como de los logros políticos y jurídicos es producto de la lucha ininterrumpida de las diferentes expresiones del pueblo organizado. Es decir, nunca ha existido voluntad política de los diferentes gobiernos, porque sus determinaciones están fincadas en los intereses de una minoría depredadora.

“Si la violencia emana del Estado, sus instituciones y hombres, el pueblo no se puede amparar en ningún tipo de benevolencia gubernamental, legítima y necesaria es la exigencia popular de la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, así como el juicio y castigo de los responsables”.

En el caso específico de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, denunció, no se resuelve con la “clásica e hipócrita disculpa”; tampoco con el perdón institucional que lleva implícito el olvido y la impunidad y, mucho menos con una suma económica en concepto de reparación del daño.

“La existencia y la libertad de un revolucionario no se tasa en dinero, necesariamente pasa por la justicia y conocer la verdad que implica enjuiciar y castigar a los criminales de Estado. A doce años de la detención desaparición de nuestros camaradas Gabriel y Edmundo, nuestra exigencia es la misma: Presentación con vida y en libertad”.

Para el EPR, López Obrador como jefe del Ejecutivo y comandante supremo de las fuerzas armadas, está enterado de cómo, cuándo y quiénes planificaron, ordenaron y ejecutaron la detención desaparición forzada de sus militantes, así como de su paradero y actual condición.

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