Nueva ruta de migrantes dispara criminalidad en Oaxaca

El blindaje del gobierno federal en la frontera sur del país y de los trayectos tradicionales de la migración, empujó a grupos criminales dedicados al tráfico de personas y drogas a buscar rutas alternas. Una de éstas atraviesa tres regiones de Oaxaca, lo que ha dejado un incremento en la criminalidad en dichos territorios con un saldo de al menos 16 personas desaparecidas y más de 100 carpetas de investigación por delitos como homicidios y secuestros.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Rubén Vasconcelos Mendéz, Fiscal General de Oaxaca, explica que la reciente alza en delitos de alto impacto en la región de la Cuenca del Papaloapan y la Cañada, en el norte del estado, se debe a que grupos de traficantes de personas han dejado de cruzar desde el Istmo de Tehuantepec hacia Tuxtepec y luego a Veracruz, y en su lugar han optado por atravesar la Sierra Mazateca para llegar a Puebla. 

Está ruta abarca varios municipios de ambas regiones como Ixcatlán, Jalapa de Díaz, Ayautla, Huautepec y Huautla de Jiménez, para después bajar a Teotitlán de Flores Magón y posteriormente seguir su camino a Tehuacán, ya en Puebla buscan llegar a la Ciudad de México.

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De acuerdo con el fiscal, los grupos crimínales “rediseñan” sus estrategias para dominar espacios territoriales y transportar droga, cualquier sustancia ilícita, por lo que considera que al igual que en todo el país en este momento en Oaxaca hay una disputa por controlar territorios. 

"Lo que estamos viendo en esta región es todo este fenómeno criminal de tránsito de personas (…) los grupos crimínales han encontrado una ruta alterna que los hace transportar sus productos ilícitos o bien a personas, mediante sus actividades de tráfico,  desviándose hacia la zona de Huautla de Jimenéz", explica. 

Esta ruta alternativa, dice, es la razón de que estas comunidades hayan padecido un incremento de delitos nunca antes vistos, y que sólo en Huautla ha dejado 11 denuncias por desaparición de personas y otras 5 en otros municipios de la región como Jalapa de Díaz, donde la semana pasada fue detenido Arturo García Velásquez, edil en funciones, quien fue aprehendido por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, luego de que se cateara su vivienda en el marco de una investigación por las desapariciones en la zona. 

Camino de peligro

Traficantes de personas cruzan la Sierra Mazateca hacia Puebla

 

El fiscal explica que fue desde hace un año, justo tras la entrada de las primeras caravanas de migrantes centroamericanos a territorio mexicano, cuando comenzaron las labores de inteligencia sobre el aumento de la criminalidad en esta región, mismas que permitieron mapear a través de análisis telefónicos los puntos que integran la ruta y que ha regido las recientes acciones de la dependencia, como cateos simultáneos y la aprehensión de al menos 13 presuntos responsables del delito de desaparición cometida por particulares, seis en Huautla y siete en Jalapa de Díaz. 

“Es una investigación que incluye por lo menos 100 carpetas por delitos diversos como homicidios, secuestros, desapariciones, robo de vehículos. La captura del presidente municipal de Jalapa de Díaz obedeció a esta estrategia… en ese lugar habitaban 11 personas que después de los análisis pudimos determinar que eran los responsables de varias desapariciones, así como la información que nos llegó respecto a que en la casa que habitaba había movimiento de armas"

Aunque el fiscal insiste que en Oaxaca no hay presencia de grandes cárteles de la droga, acepta que el tipo de armamento que se ha decomisado en los cateos, sólo se explica a través de trabajo de cédulas autónomas que operan en Oaxaca ligadas a grupos criminales  más grandes, que lo requieren para apoderarse de espacios territoriales. 

Agrega que la elección de esta nueva ruta se debe a que por décadas estas regiones de geografía poco accesible se mantuvieron sin presencia institucional, tanto del Estado mexicano como de corporaciones de seguridad, lo que fue aprovechado por estos grupos del crimen. Por lo cual, busca evitar que haya espacios donde no exista presencia institucional.

“Observamos que la causa de estos delitos es que había poca presencia de las agencias de seguridad del Estado. Casi ausente la Policía municipal, que en muchas comunidades es muy débil, poca presencia de la Policía Estatal, y muy poca presencia de instancias como la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, el Ejército. Mientras menos presencia del Estado, más probabilidad de que los criminales se apoderen de los espacios territoriales”, señala. 

Según la fiscalía, también se investiga en otros municipios a otras autoridades municipales que están ligadas a estos grupos o han sido omisas ante estos delitos, pues hasta ahora lo que se ha logrado es dar “manotazos de autoridad” en estas regiones interlazadas en cuanto a criminalidad.

Pese a ello, reconoce que esto no basta, pues “la conservación de la seguridad no es un asunto de manotazos”, sino de una presencia permanente de las instituciones.

“Es muy importante que después de estas acciones de la fiscalía, la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública, y los órganos federales tengan presencia en estas comunidades que hemos limpiado. Pero no sólo ellos, necesitamos que la otra parte del Estado, la que realiza política social a favor de niños, de mujeres también estén presentes”.

Lo anterior, dice Vasconcelos Mendez, porque el trabajo de la fiscalía “no es el punto final, debe ser el de arranque”, y sobre todo porque “la delincuencia es como el pasto, si no se va recortando vuelve a resurgir”.