El alto índice de impunidad y de la inseguridad en la que trabajan los periodistas en México queda evidenciada en la falta de resultados de investigaciones que deriven en el castigo a los responsables de los asesinatos y agresiones, advirtió la Sociedad Interamericana de Presa.
En su capítulo México, la SIP destacó que la prensa ha sufrido una escalada de violencia.
La SIP presentó su Informe México Comisión de Libertad de Prensa e Información, ante la 73 Asamblea General, en Salt Lake City, Utha, en la que resaltó que siete periodistas han sido asesinados desde la reunión de Antigua, 10 de ellos en lo que va del año.
En su reporte, mencionó que los medios de comunicación tradicionales y digitales tuvieron amplio despliegue informativo de los sucesos que siguieron a los terremotos que afectaron al país.
El 7 de septiembre, recordó, un sismo de magnitud 8.2 se sintió en Oaxaca y Chiapas, con saldo de 96 muertes y daños a la infraestructura.
El 19 de septiembre, un temblor 7.1 sacudió de nuevo al país, dejando 369 víctimas fatales y cuantiosas pérdidas materiales en Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.
La SIP destacó en su reporte que sobre la violencia contra periodistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estima que desde el 2000 hasta la fecha han ocurrido 130 homicidios, 38 de estos casos se dieron durante el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
“Además, se vive un clima constante de agresiones, muchas de ellas cometidas y ordenadas por funcionarios públicos, por el crimen organizado y narco terroristas.
“Artículo 19 documentó 276 agresiones contra la prensa este año, un incremento del 23% comparado al mismo período el año pasado”, refirió.
La CNDH asegura que solo el 10% de los casos existe sentencia condenatoria, subrayó la SIP.
“El resto, el 90%, no se investiga, no se Castiga, se quedan en la impunidad”.
Detalló que desde la reunión de la SIP en Antigua fueron asesinados los periodistas Maximino Rodríguez, Javier Valdez, Jonathan Rodríguez, Salvador Adame Pardo, Cándido Ríos Vázquez, Juan Carlos Hernández y Édgar Daniel Esqueda.
Además, en el marco de elecciones celebradas este año se registró un aumento de agresiones a periodistas.
En Coahuila hubo un incremento del 325% de agresiones contra la prensa, advirtió.
También aumentaron los ataques en el estado de México y Veracruz.
La SIP también mencionó las denuncias de corrupción y manejo discrecional, en la asignación del presupuesto para medios a modo.
“Castigando y reprimiendo medios incomodos por sus críticas y denuncias”.
Citó el caso del periodista Leonardo Curzio, quien durante 18 años había conducido el noticiero radiofónico estelar en el grupo NRM en la Ciudad de México.
“Anunció su renuncia y reveló haber recibido órdenes de sus directivos para despedir a dos colaboradores, analistas independientes”, resaltó.
“El incidente generó indicios de presión de funcionarios del gobierno mexicano sobre grupos mediáticos con el amago de cancelar pautas comerciales, que siguen sujetas a la discrecionalidad de la autoridad tanto a nivel nacional como en los estados”.
La Sociedad Interamericana de Prensa citó los hechos sobresalientes del semestre.
El 14 septiembre se conoció que autoridades municipales de Nuevo Laredo Tamaulipas, interpusieron demandas en contra del diario El Mañana de Nuevo Laredo por la publicación de investigaciones periodísticas sobre corrupción pública. El periódico publicó reportajes sobre presuntos actos ilícitos que involucrarían la existencia de empresas fantasmas que adquirieron contratos millonarios por publicidad, casos de nepotismo y supuesto enriquecimiento por parte del alcalde Enrique Rivas y otros funcionarios locales.
Estos cuestionamientos a funcionarios locales y proveedores habrían motivado una serie de litigios contra el periódico.
El caso de San Luis Potosí agregó un factor adicional que preocupa, destacó la SIP. Posterior al asesinato apareció de manos de un ex policía un video donde el reportero, amenazado, menciona por nombre y medio a todos los reporteros de la plaza dedicados a cubrir el sector policiaco. Esto prendió alertas, y movió al gobierno estatal a dotar de vigilancia (patrullas) a los reporteros. Sin embargo el resultado fue peor. La gente en las redacciones está temerosa por tanta presencia policiaca y ha empezado a renunciar.