Están bajo protección de Segob 80 oaxaqueños
La ONU advierte que para finales del año Segob prevé que estará protegiendo a mil 131 personas, y que el gasto asociado será de 325 millones de pesos
Oaxaca es la tercera entidad del país con mayor número de personas dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la actualidad 80 oaxaqueños están incluidos en este mecanismo a su cargo. De ellos, 16 son periodistas: cuatro mujeres y 12 hombres, y 64 son personas defensoras: 24 mujeres y 40 hombres.
La entidad con mayor número de personas es la Ciudad de México, con un total de 136, y en la segunda posición le sigue Chiapas, con 91.
Esta cifra indica que los asesinatos, agresiones, tortura, allanamiento de oficinas, intimidaciones y campañas de desprestigio, entre otro tipo de atentados contra activistas y periodistas, no han cambiado con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al contrario, han aumentado.
Según la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, hasta julio de 2019 se había registrado un incremento del 70% en las solicitudes de protección a la Segob —dependencia de la que depende el mecanismo—, resultado de la comparación de los primeros cinco meses de 2018 con el mismo periodo de este de 2019; en contraste al mecanismo se le asignan recursos económicos y materiales insuficientes para garantizar su operación adecuada.
No rinde presupuesto
La ONU advierte que para finales del año, la Segob prevé que estará protegiendo a mil 131 personas y que el gasto asociado será de 325 millones de pesos; sin embargo, el presupuesto asignado para 2019 fue de 207.6 millones de pesos, correspondiente a 64% del gasto previsto y monto inferior a lo ejercido en 2018 y 2017.
“Ante la evidente insuficiencia, la Segob presentó, el 4 de abril de 2019, una solicitud adicional de 150 millones de pesos que todavía no ha sido respondida”, señala el organismo internacional.
Al 10 de julio de 2019, la ONU había documentado el asesinato de al menos 13 personas defensoras de derechos humanos y siete periodistas, algunos de los cuales eran beneficiados del mecanismo. “Cifras que indican una tendencia creciente respecto a años anteriores”, apunta.
Guillermo Rodríguez, oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), asegura que en México prevalece un clima “hostil y complejo” para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el ejercicio periodístico.
“Este año, por lo menos una docena de personas defensoras de derechos humanos y periodistas han sido asesinadas, lo que refleja al menos el mantenimiento de una tendencia complicada”, advierte.
Para el activista, el Estado mexicano y las distintas instancias federales y estatales deben implementar, de manera efectiva, la ley de protección que se aprobó a principios de esta década y que, “desafortunadamente, no termina de ver el camino completo de implementación”.
Lo anterior, explica Rodríguez, porque muchas instancias estatales todavía no llevan a cabo el desarrollo de infraestructura y de espacios para poder implementar esta legislación, que además enfrenta retos en cuanto al mecanismo de protección a defensores de derechos humanos.
“Porque en lo que va del año ha recibido un incremento importante de solicitudes de protección, hay una necesidad por parte del Estado de fortalecer estos mecanismos, de dotarlo de presupuesto y capacidades para tener una respuesta más pronta y efectiva”, agrega.
Ir de la reacción a protección.
El integrante de CEJIL, organización de litigio estratégico en Latinoamérica, señala además la necesidad de desarrollar políticas públicas integrales que cambien el paradigma de operación del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob.
Su propuesta, que también menciona la ONU, es que se transite de un escenario de reacción o protección con medidas como botones de pánico, chalecos antibalas, rondines, guardias, “que desde luego se trata de una reacción a un contexto hostil, complejo para la defensa de los derechos humanos”, a un enfoque de prevención.
El Estado, reitera, debe reconocer la labor e importancia del ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos y que este reconocimiento se traduzca en un respaldo político y público de la labor que realizan.
