Violencia se ensaña con políticos en Oaxaca, van 9 asesinados

Oaxaca inició el año con el asesinato de dos políticos morenistas: Alejandro Aparicio y Perfecto Hernández,  el edil y síndico de Tlaxiaco respectivamente.

Lo  cerró de la misma manera, con el doble homicidio de Arturo García  y Javier Terrero, presidente municipal y síndico de Jalapa de Díaz. No son los únicos casos.

En los dos últimos años, al menos 30 políticos fueron asesinados, entre presidentes y expresidentes municipales, concejales y exconcejales, candidatos y militantes de partidos políticos, de acuerdo con un recuento realizado por EL UNIVERSAL.

Este 2019 se cerró con el doble homicidio de Arturo García  y Javier Terrero

Con estos crímenes, Oaxaca es el estado  más peligroso del país  para alcaldes, exalcaldes y concejales municipales, entre otros servidores públicos, según la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).

De esos 30 asesinatos, la mayoría eran militantes del Morena con nueve víctimas, seguido del PRI con seis, el PT con dos, y el PAN y el PRD con una víctima cada uno. El resto de los crímenes  ocurrieron en municipios que se rigen por usos y costumbres.

Según la revisión hemerográfica realizada,  2018 fue el año  más violento, en el marco del proceso electoral concurrente en el que se eligió al Presidente de la República, diputados federales y locales, senadores y ediles.

Ese año, al menos 21 políticos fueron asesinados, cinco de Morena: el candidato a diputado Emigdio López y cuatro  militantes de su partido, quienes fueron ultimados el 25 de junio en San Vicente Coatlán cuando volvían de un mitin.

También fue asesinada la candidata del PRI a regidora, Pamela Terán, el 3 de junio en Juchitán,  y junto con ella fue asesinada la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín y su chofer Adelfo Jiménez Guerra. Mientras que este  2019 la violencia contra los políticos inició desde el primer día del año.

El 1 de enero fue asesinado el presidente municipal  y el síndico de Tlaxiaco; ambos tenían sólo unos minutos de haber tomado protesta a sus cargos, cuando fueron baleados frente a decenas de personas y a plena luz del día. Ambos pertenecían a Morena.

A esos crímenes se sumó, el 16 de agosto, el de la presidenta municipal de San José Estancia Grande, Carmela Parral (PRD), y el del edil y el síndico de Jalapa de Díaz, el 23 de diciembre.

Cambios de gobierno.  Entre 2018 y 2019 en Oaxaca fueron asesinados tres presidentes municipales en funciones —todos este año, con lo que la entidad lidera a nivel nacional—, siete concejales —regidores, síndicos— en funciones, siete exediles, un agente y un exagente municipal, tres candidatos y ocho políticos más, entre los que se encuentran militantes, exdiputados y líderes municipales de algún partido.

21 políticos fueron asesinados durante  2018, año del proceso electoral.

La consultoría especializada en seguridad pública Etellekt advierte respecto a estos crímenes políticos que  una constante en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador es la concentración en gobernadores y ediles de la facultad para resolver conflictos con poderes fácticos u opositores.

“En estados donde al romperse las viejas correas de poder vertical de la extinta hegemonía priista, los gobernadores y ediles han arrebatado a la figura presidencial la facultad para definir arreglos con poderes fácticos y otros grupos de presión, nacionales y transnacionales, para contraponerlos a las políticas públicas del gobierno federal, promoviendo una percepción social de corrupción, autoritarismo e incompetencia sobre los gobiernos federales en turno”, indica.

En casos recientes, ejemplifica, algunos gobiernos estatales han acompañado estas acciones utilizando políticamente los instrumentos de justicia para suprimir cualquier resquicio de oposición a sus gobiernos, “convirtiéndose en juez y parte en la persecución de presuntos delitos cometidos por funcionarios en activo o exservidores de partidos rivales, en desapego de principios fundamentales del Nuevo Sistema de Justicia Penal, como la presunción de inocencia, y disolviendo de facto la división de poderes”.

De los crímenes contra políticos registrados en Oaxaca, la mayoría  permanecen en la impunidad.

Sólo  en el caso del asesinato del edil y del síndico de Tlaxiaco se detuvo a tres presuntos autores materiales, en el caso de la candidata de Pamela Terán hay un detenido como presunto cómplice y en el asesinato del expresidente municipal de San Pedro Mixtepec, José Ramírez, se atribuyó la responsabilidad a su esposa, quien quedó en libertad tras demostrarse que fue un asesinato imprudencial