Guardia Nacional blindará zona mixe tras ataques de Quetzaltepec a Chuxnabán

Tras la escalada de violencia que se vive en San Juan Bosco Chuxnabán, comunidad mixe de la Sierra Norte de Oaxaca que ha denunciado  este mes al menos tres ataques de su vecino San Miguel Quetzaltepec, efectivos de la Guardia Nacional arribarán a la zona en conflicto, anunciaron a EL UNIVERSAL autoridades de esta agencia municipal.

Agregaron que el tema ya está en manos del gobierno federal a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)y que en unas horas al menos 15 convoys de la Guardia Nacional serán desplegados en la zona de conflicto. 

Chuxnabán y Quetzaltepec, agencia y cabecera municipal respectivamente, mantienen un conflicto limítrofe desde hace décadas pero que se reactivó desde 2017, escaló en 2018 con 4 comuneros de Chuxnabán asesinados y dejó tres personas muertas en una emboscada el pasado 14 de julio. 

De acuerdo con Hugo Aguilar, coordinador de Derechos Indígenas del INPI, se había solicitado la presencia de cuerpos de seguridad, que duraron unos días en la zona, pero tras su retirada tuvo lugar el nuevo ataque. 

En un documento dirigido al gobierno de Oaxaca y al gobierno federal, las autoridades de Chuxnabán aseguran que ayer 30 de julio, desde las 3:45 horas, "grupos armados encabezados por Fidel Fuentes Morales y Benjamín González Sánchez, presidente municipal y  representante de Bienes Comunales de San Miguel Quetzaltepec, se volvieron a instalar a las orillas del pueblo y detonaron armas de grueso calibre, haciendo tiroteos hacía la comunidad".

El ataque, asegura Chuxnabán, dejo daños severos en edificios como escuelas, el templo católico, la oficina municipal y viviendas particulares, por lo que advierte a comuneros de la región circular con precaución y de ser posible evitar la ruta que va de Chuxnabán a Quetzaltepec. 

A través del documento, firmado por Anastacio Morales, Pioquinto Vásquez y Eusebio Bulfrano, agente, síndico y alcalde de Chuxnabán respectivamente, se hace un llamado a los gobiernos estatal y federal para que intervengan en el conflicto "social, administrativo y agrario". 

Afirman que el problema  se reactivó en 2017 luego que la agencia exigiera los recursos federales que les corresponden de los ramos 28 y 33, según la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Oaxaca, y que aseguran han sido desviados a favor de familias de Quetzaltepec que ostentan el poder político.  

Acusaron que pese a que se han llevado acabo mesas de trabajo con la Secretaria General de Gobierno (Segego), Chuxnabán no ha recibido sus recursos desde 2018 y está dependencia no ha intervenido para garantizar la gobernabilidad de la zona, lo que vulnera sus derechos humanos. 

El 8 de febrero pasado ambas comunidades  habían firmado un acuerdo de no agresión y libre tránsito, impulsado por el  INPI, mismo que finalmente fue desconocido por Quetzaltepec. Chuxnabán asegura que sólo se trató de una simulación de Quetzaltepec para poder acceder al Programa de Pavimentación de Caminos Rurales, el cual finalmente fue suspendido.  

En la parte final, la autoridad de Chuxnabán asegura que la finalidad del documento es que regiones y pueblos de Oaxaca piensen en "las actitudes y falta de capacidades de los gobiernos para solucionar este tipo de problemas  económicos, políticos y agrarios en todas las regiones".

El pasado 26 de julio EL UNIVERSAL publicó que tanto el INPI como la Segego reconocían no contar con mecanismos administrativos o jurídicos para obligar a comunidades en conflicto a comenzar procesos de paz, ni para sancionar a las que rompen los acuerdos alcanzados, una carencia grave pues 90% de la tierra de Oaxaca es de origen comunal y se ampara en títulos primordiales que datan de tiempos posteriores a la Colonia, muchos de los cuales están duplicados.