Condenan triquis del MULT homicidio de Néstor Flores, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas de Oaxaca
Con este caso, suman 8 los activistas que han sido asesinados en Oaxaca desde 2021
Oaxaca de Juárez.– El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) condenó el asesinato la noche del pasado domingo 20 de marzo de 2022 del activista Nestor Iván Flores Merino, quien era integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas (API).
En un comunicado exigió a la Fiscalía General de Oaxaca el esclarecimiento inmediato de este homicidio y el castigo a los autores materiales e intelectuales y adelantó que se une a la convocatoria del Partido Unidad Popular (PUP) para exigir justicia.
El PUP convocó a militantes y simpatizantes de su partido a una jornada de lucha “para que el pueblo organizado tome las calles para protestar por el homicidio de luchadores sociales, haciendo eco en la conciencia colectiva”.
Iván Merino Flores fue asesinado con disparos de armas de fuego el 20 de marzo de 2022 en el centro de Teotitlán de Flores Magón, municipio de la región Cañada de Oaxaca. El activista fue trasladado al hospital comunitario del municipio, pero perdió la vida por la gravedad de las heridas de bala.
En el año 2021 siete activistas fueron asesinados en Oaxaca, estado se ubicó en el primer lugar del país con el mayor número de defensores asesinados, según un informe del Comité Cerezo.
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Los activistas ejecutados en el estado son Fidel Heras Cruz y Jaime Jiménez Ruiz de la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Río Verde (Copudever); Federico de Jesús Gutiérrez, Oliverio Martínez Merino, Flor de Jesús Hernández y Marcelino Álvarez González, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui; y Manuel Cartas Pérez, del Frente Popular Revolucionario (FPR).
A Oaxaca le sigue Chiapas con cinco activistas asesinados, Sonora con cuatro, Morelos y Guerrero con dos casos cada uno y en el resto de los estados se documentó un solo caso. En total, de acuerdo con el informe, 25 defensores fueron ejecutados extrajudicialmente.
Estas cifras, explica el Comité Cerezo, corresponden a los casos que cumplen con los elementos de una ejecución extrajudicial.
Es decir, fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y los perpetradores fueron agentes de Estado “bajo la modalidad de comisión o aquiescencia”.
