Denuncian ante diputados de Oaxaca que hay 50 presos políticos indígenas en penal de Miahuatlán

Activistas acusan que llevan entre 3 y 10 años detenidos, sin que hasta ahora sepan con claridad los hechos que les imputan o quiénes los acusan

Foto: Cortesía
Seguridad 24/02/2021 20:49 Redacción Actualizada 20:49

Oaxaca de Juárez.— Activistas indígenas de San Agustín Loxicha y San Francisco Ozolotepec, quienes llevan privados de su libertad hasta 10 años, denunciaron ser presos políticos y permanecer en prisión pese a “evidentes atropellos a sus derechos humanos” como castigo por oponerse al cacicazgo, la corrupción y la violencia en la región de la Costa de Oaxaca. 

La denuncia fue formulada a las diputadas presidentas de las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado, Magaly López Domínguez y Elisa Zepeda Lagunas, respectivamente, así como al diputado Horacio Sosa Villavicencio, quienes a solicitud de los presos acudieron este martes al Cereso 03 de Miahuatlán de Porfirio Díaz para reunirse con ellos.

Los activistas expusieron que hay cerca de 50 personas detenidas por diversos delitos, principalmente homicidio, pese a que aseguran que lo que en realidad hicieron fue promover la construcción de escuelas, presionar para la obtención de agua potable o caminos, o simplemente “cuestionar el mal manejo de las sucesivas administraciones municipales que han estado bajo el cacicazgo del expresidente Óscar Valencia”.

Denunciaron que llevan detenidos entre tres y 10 años, sin que hasta el momento conozcan con claridad los hechos que se les imputan o quiénes los acusan, pues incluso hay casos en que diversas actuaciones han desaparecido de sus expedientes.

Las legisladoras y el legislador visitaron a estas personas indígenas privadas de su libertad tras una solicitud de los presos indígenas, quienes formularon esta petición por escrito, en la que expusieron estar “injustamente en la cárcel, por delitos que no cometieron, algunos ya incluso con sentencia en procesos viciados de origen”.

Elisa Zepeda Lagunas, presidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, señaló que existe disposición para acompañar a presos políticos y que desde la comisión que preside se ha solicitado información a distintas dependencias, con el fin de que haya justicia efectiva en cada caso.

Magaly López Domínguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Oaxaca, señaló que desde el ámbito legislativo se buscará una respuesta positiva de las instancias correspondientes.

Mientras que Horacio Sosa, quien fue preso político en el 2006, expuso su solidaridad con la situación y aseguró que se hará lo posible para dar seguimiento a esta situación.

“Entendemos su situación, pondremos nuestro mayor empeño en que haya justicia para todos”, señaló. 

A la salida del Cereso 03, familiares de los presos políticos denunciaron que además de la ausencia de una atención institucional correcta se han enfrentado a “funcionarios corruptos, quienes solicitan dinero para revisar los expedientes de sus familiares”.

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