Más de 50 organizaciones indígenas rechazan ataques de AMLO por oponerse a megaproyectos

Más de 50 organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca expresaron su repudio a lo que calificaron como una “escalada de descalificación y provocación” montada por el gobierno federal contra las organizaciones y comunidades que se oponen a los megaproyectos impulsados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La posición del actual gobierno federal contra las organizaciones y comunidades que defienden los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos mayas de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, aseguraron, “es una expresión propia a un régimen autoritario”.

Un régimen, señalaron, el cual busca imponer sus proyectos en alianza con empresas con una larga trayectoria de corrupción, despojos y violación a los derechos de los pueblos originarios en México, así como de otros países; “proyectos que son la continuación de los proyectos neoliberales”, afirmaron.

Hace una semana, el presidente López Obrador acusó a más de una decena de organizaciones de la sociedad civil, así como medios de comunicación, de recibir financiamiento privado para oponerse y atacar su proyecto del Tren Maya.

Según las organizaciones denunciantes, la exhibición pública por parte del Presidente y su vocero, sobre los recursos que les fueron otorgados por diversas fundaciones internacionales, es un acto grotesco que lo único que pretende es denostarlas, cuando es evidente que las actividades que ellas realizan son legales, aunque causen incomodidad al mandatario federal.

“Para el presidente de la República sólo hay liberales y conservadores. En nuestro aporte a su comprensión de la realidad queremos decirle que nosotros no encuadramos en ninguna de esas categorías, los pueblos indígenas somos comunales y en consecuencia no comulgamos con las propuestas de desarrollo capitalista que se fundamentan en la propiedad privada”, argumentaron las organizaciones civiles de Oaxaca.

A través de un pronunciamiento público, indicaron que la defensa de los territorios indígenas que hoy se expresa a lo largo y ancho del territorio nacional, a contra corriente de las políticas públicas, es una apuesta por la vida de los pueblos, las personas y la biodiversidad circundante.

Sostuvieron que lo que el capital llama “desarrollo” se ha convertido en miseria para los habitantes de los lugares donde se establece, y enriquecimiento de unos cuantos depredadores: “el ejemplo de Cancún está a la vista”, puntualizaron.

“A la ciudadanía en general, queremos comunicarles respetuosamente que muchas de las actividades que realizan las organizaciones en todo el mundo, las hacen ante la falta de reconocimiento e implementación de derechos y en consecuencia ante la ausencia de políticas públicas que los garanticen. En el caso de México, y de la Península de Yucatán en particular, existe una violación sistemática a los derechos de los pueblos indígenas, como se ha señalado en múltiples ocasiones”, agregaron.

Así también afirmaron que muchas de las organizaciones y personas que trabajan en favor de los derechos de los pueblos y las personas vulnerables lo hacen a través de actividades voluntarias, o con el apoyo de la solidaridad internacional, que en muchos países está regulada a través de lo que se conoce como: cooperación internacional.

De la misma forma, recalcaron que en México existe una Ley de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, que regula el funcionamiento de éstas, y que entre otras cosas les otorga el derecho de recibir financiamiento internacional.

“La existencia pública de organizaciones civiles y sociales ha sido un avance en la democratización de nuestro país. Recordemos que en los años más obscuros, si eras crítico del PRI, podías ser sujeto de desaparición, tortura o asesinato extrajudicial por los organismos de seguridad del Estado, encargados del control político de la disidencia, incluido el ejército”, explicaron.

Finalizaron que “como de diversas formas lo intentaron [en sexenios anteriores] gobiernos priistas y panistas”, en este gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador se ha fijado también como uno de sus objetivos la aniquilación de las organizaciones y movimientos que sean “piedra para su zapato”, advirtieron.

“Olvida que muchos de sus funcionarios fueron formados en las filas de la sociedad civil a la cual ataca y difama, por defender la vida y no estar de acuerdo con sus proyectos de muerte. Éste es el rostro autoritario de la Cuarta Transformación”, finalizaron.

Algunas de las organizaciones que se pronunciaron contra las declaraciones del Presidente son:  Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio; Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca; Asesoría Integral y Litigio Estratégico a Pueblos Originarios A.C. (ASER-LITIGIO); Binigulazaa/AIPIN; Centro Calpulli A.C.; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A.C.; Centro de Derechos Humanos- Tepeyac; Centro de derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Codigo DH; Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI); Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas; Consorcio Oaxaca, entre otras.