Para migrantes ”Federación mantendrá becas": Solalinde
El sacerdote asegura que el gobierno federal duplicará los fondos para programas sociales
Con la finalidad de arraigar en México a los migrantes centroamericanos que huyen de la pobreza y violencia que se registra en sus países, el actual gobierno federal duplicará en este 2020 los fondos económicos de los programas sociales que han puesto en marcha, adelantó Alejandro Solalinde Guerra.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el sacerdote afirmó que los migrantes que deseen incorporarse a esos programas solamente tendrán que solicitar su estancia regularizada ante las autoridades migratorias, con el propósito de que ordenen su estadía, como lo han hecho cientos de ellos que actualmente gozan de un empleo y salario, e incluso viven en Quintana Roo o en Oaxaca.
El gobierno mexicano, explicó, deberá mantener todos los programas sociales destinados a los migrantes porque este fenómeno social continuará.
La situación de los países de Centroamérica no ha cambiado. Se mantienen las condiciones de pobreza y violencia que son el origen de la migración forzada.
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En Honduras se está organizando una nueva caravana masiva que saldría a mediados de enero, desde San Pedro Sula, de acuerdo con información de redes sociales.
En octubre de 2018 llegó a México la primera caravana masiva con 3 mil hondureños, lo cual empezó a generar las presiones del gobierno estadounidense hacia México, y posteriormente las autoridades mexicanas enviaron tropas de la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país para contener el flujo migratorio.
2020, crucial para México
Por otro lado, Solalinde Guerra dijo que este 2020 será crucial para consolidar las reformas y fortalecer las estructuras del modelo democrático que impulsa el actual gobierno autodenominado la Cuarta Transformación.
“En este segundo año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador veremos un mayor combate contra el desempleo y la pobreza. Habrá recursos extraordinarios para apuntalar la infraestructura en salud, educación, caminos y proyectos productivos que fomentarán el desarrollo y bienestar de las familias mexicanas”, señaló el sacerdote y añadió que bajo ese esquema se busca abatir los índices de delincuencia.
No imponer proyectos
Con 26 años viviendo en el Istmo de Tehuantepec, el sacerdote Solalinde Guerra reveló que en cada final de sexenio siempre ha visto los “rostros de frustración” de los oaxaqueños.
“Cada gobierno anuncia que es la hora del despegue del sur sureste del país, que llegó el momento para el desarrollo del Istmo, pero al final no llega nada y eso causa frustración”, reconoció el prelado.
Por esa razón, celebró que el proyecto del Corredor Interoceánico cuente con recursos para rehabilitar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, se modernice el tramo ferroviario que comunica a ambos puertos y se esté pensando en atraer inversionistas que generen empleos a lo largo de la ruta transístmica.
“He escuchado algunas voces que se oponen a ese programa, pero también he visto que la mayoría está de acuerdo. Lo ideal sería que hubiera consenso, pero debe prevalecer lo que diga la mayoría. Ya se realizan las consultas en las poblaciones y creo, sinceramente, que es de suma importancia que el desarrollo llegue al sur de Oaxaca.
“Lo que sí debemos cuidar son dos temas: que no se afecte el medio ambiente y no se imponga nada por la fuerza. Debemos proteger la cultura, la lengua y las tradiciones de nuestras comunidades indígenas”, expresó Solalinde Guerra.
Cabe destacar que el Corredor Interoceánico, que se creó por decreto el 14 de junio de 2019, contempla además facilidades a los inversionistas.
Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en los municipios de Oaxaca y Veracruz habrá una zona libre, pues sus habitantes pagarán la mitad del ISR y habrá reducción en la tarifa eléctrica, así como en los precios de los combustibles.
El programa gubernamental enfrenta la resistencia de organizaciones políticas, ambientales y académicas, así como de comunidades indígenas que lanzaron la campaña: “El Istmo es nuestro”, en la que cuestionan las consultas promovidas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y denuncian que el Corredor Interoceánico significará despojo para las comunidades indígenas.
