Desterradas por intolerancia religiosa, 14 familias llevan 15 años sin justicia

En el año 2005, fueron expulsadas 24 familias de Estancia de Morelos, comunidad del municipio de Santiago Atitlán, por profesar una fe distinta a la católica. A 15 años de su desplazamiento forzado, 14 de esas familias se adaptan a su nueva vida en un paraje de Tlacolula de Matamoros, después de una existencia errante principalmente en la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados.

El regreso a su comunidad de origen, donde dejaron hogares, tierras y cafetales, es una idea que no los ha abandonado, pero aceptan que ya no la realizarán. Son dos las razones que les impide regresar, explica Moisés Castañeda, quien desde los 18 años se bautizó en la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  

La primera  implica renunciar a su fe, mediante la firma de un acta ante la asamblea del pueblo, y la segunda, el pago de una multa de 10 mil pesos, la cual,  para su economía, resulta muy difícil juntarlos.

“Nos expulsaron por la palabra de Dios, por tener una fe distinta a la católica, eso fue lo que provocó. En nuestro caso, no fue por el tequio. Todos los hermanos estaban dando servicio a la comunidad, entonces esa no fue la causa de nuestra expulsión, fue que la gente no quería otra religión”, lamenta.

Moisés recuerda que el hostigamiento inició en el  año 2000. El primer incidente ocurrió cuando un pastor de la Iglesia Adventista acudió a la comunidad  para bautizar en el río a los creyentes, pero los topiles lo descubrieron, lo detuvieron y lo llevaron a la agencia; a partir de ahí, iniciaron las amenazas: Les dijeron que, si continuaban con esa fe, les iban a quitar la luz, amenaza que   más tarde  cumplieron.

En el año  2004 no sólo les cortaron la energía eléctrica, también el agua potable, el derecho a recibir atención médica en la clínica y hasta comprar en la tienda Conasupo.

“Así empezó a presionar el pueblo. Unas familias se fueron, desde entonces, cuando ya vieron que no tenían ni luz ni agua. Los últimos salieron cuando el pueblo empezó a amenazar más fuerte, ya con golpes y palos”, relata.

Foto: Juan Carlos Zavala

Las amenazas no sólo se dirigían  a los pobladores que no eran católicos; también, eran dirigidas a cualquiera que tuviera una relación con ellos. Así, los estragos de la intolerancia se extendieron a otras personas.

“Si alguna tienda nos vendía algún producto, los dueños de esa tienda también eran obligados a salir del pueblo y a muchos les pasó así. Hay un amigo que no puede hablar, es mudo. Ese amigo no creía en la palabra de Dios, lo fuimos a visitar porque tomaba mucho; pero la gente vio que fuimos a visitarlo y nada más por la visita se fue pa’ fuera con su familia”, cuenta Moisés.

Un año después, en 2005, ocurrió el mayor desplazamiento de familias a causa de la intolerancia religiosa en Estancia de Morelos. Representantes de la Secretaría General de Gobierno (Segego), de la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Policía Estatal acudieron a la comunidad para intentar conciliar.

Pero cerca de la medianoche, la gente del pueblo cerró el acceso con piedras, despojó a los policías de sus armas y golpearon a dos habitantes que se habían convertido a la Iglesia Adventista. Uno de ellos, quien era considerado el líder de las familias cristianas, logró escapar esa noche: “Lo querían matar”, afirma Moisés.

Los demás lograron esconderse en una casa con puertas de metal que ya no pudieron abrir. Durante tres años, las familias desplazadas vivían en una casa grande de la que una asociación pagaba la renta en el municipio de Santa Lucía del Camino; después, se dispersaron y otros, al no adaptarse a las nuevas circunstancias, decidieron regresar aceptando las condiciones que les impuso la comunidad.

Aunque no existen cifras exactas de la cantidad de desplazados que existen en el estado de  Oaxaca, datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos indican que sólo en el periodo  de 2016 a 2018 sumaron 3 mil 50 las personas que tuvieron que huir de su comunidad de origen a causa de alguna manifestación de violencia, lo que se considera como desplazamiento forzado, una violación a los derechos humanos.

Nueva vida

En el año  2013, el gobierno de Gabino Cué compró una hectárea de terreno en Tlacolula, ahora llamado Paraje Geuroo , y la fraccionó para entregarlo a 14 de las familias desplazadas de Estancia de Morelos.

“A muchos les fue difícil adaptarse y por eso volvieron, yo en 2007, ya tenía jale [empleo] en el pueblo, mi otro carnal igual. Sí se extraña, quisiera volver, pero no porque se tiene que renunciar a su fe y se tiene que pagar su multa de 10 mil pesos, que fue lo que acordó el pueblo”, lamenta.