"La pandemia fue un golpe en la cara para los pueblos indígenas”: Irma Pineda

“Los pueblos indígenas en México viven una sistemática violación a los  derechos humanos  y están en un punto en el que  no hay avances, a pesar de los cambios de gobierno”, dice Irma Pineda, especialista del Foro Permanente sobre cuestiones indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando se le pregunta cuál es la relación de las naciones originarias con el Estado mexicano. 

La poeta binnizá (zapoteca), originaria de Juchitán de Zaragoza, está convencida que, pese a que uno de los ejes de campaña del presidente  Andrés Manuel López Obrador fue que la justicia llegaría a las naciones originarias,  todavía está lejana, a  pesar de  algunos esfuerzos institucionales para alcanzarla.

“Seguimos esperando la gran reforma para que los pueblos indígenas tengan  acceso a la justicia”, dice convencida y precisa que la pandemia de Covid-19 no ha hecho más que retrasar los esfuerzos en la materia que trabaja  el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).  

Pese a ello, la poeta está convencida de que no existen aún condiciones para que las naciones originarias tengan uso y disfrute de sus derechos humanos, pues desde el gobierno  se siguen  otorgando concesiones a grandes empresas en sus  territorios, entre ellas a las dedicadas  a la minería, una actividad de las que más ha dañado a estas comunidades y que, incluso, fue considerada como esencial en el contexto de la emergencia sanitaria: “No ha mejorado la relación con el Estado desde hace siglos”, agrega. 

Foto: Edwin Hernández

Esta violación sistemática a los derechos de los pueblos indígenas  de la que habla la especialista del foro de la ONU se materializa en Oaxaca, a partir de conceptos como  legalidad, libertad, integridad, propiedad y justicia, las garantías que de forma más recurrente se violentan a personas de comunidades originarias, de acuerdo con estadísticas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). 

El  órgano autónomo  contabiliza que, entre 2019 y lo que va de 2020, suman 365 quejas interpuestas por habitantes de estas comunidades y en la mayoría de los casos remiten a violaciones   de derechos, como la legalidad (141), a la libertad (52),  la integridad personal (39),  la propiedad (20) y al debido proceso (7).

Mientras que las instituciones que más quejas han recibido de parte de pobladores de comunidades indígenas  por violentar sus derechos son los ayuntamientos (252), la Fiscalía General del Estado (42), el Instituto Estatal de Educación Pública (20) y los Servicios de Salud de Oaxaca (9).

Para Irma Pineda, estas cifras confirman lo que siempre se ha sabido. La existencia de una violencia sistemática que lo mismo impide a los pueblos indígenas gozar de derechos universales, como a la alimentación y a la salud, o servicios básicos, como el agua y la energía eléctrica. 

Foto: Roselia Chaca

Esta situación, dice, se ha desnudado aún más en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, cuyos efectos se han concentrado en aquellas poblaciones que siempre han estado marginadas y que son habitadas por los pueblos originarios, tanto en Oaxaca como en todo el país. 

“La pandemia vino a evidenciar   algo que, de por sí,  ha ocurrido siempre: la tremenda marginación y la violación a los derechos de los pueblos. Es un  golpe en la cara de lo fuerte que ha sido para  ellos”, explica. Lo anterior, porque son quienes   menos acceso tienen al sistema sanitario o  un centro de salud. 

Y ahora, en la nueva normalidad, también  carecen de toda la infraestructura para tener acceso al modelo de educación por TV.