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En el marco de los días internacionales de las personas Defensoras de los Derechos Humanos, sostuvo también que se debe garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las personas defensoras, "porque sin su trabajo es imposible construir una sociedad igualitaria, participativa e incluyente".
Informó que en los últimos cinco años ha integrado 58 expedientes relacionados con quejas por violaciones a los derechos humanos de personas defensoras, siendo las autoridades más señaladas: Fiscalía General de Justicia del Estado con 44%, Secretaría de Seguridad Pública con 30%, y ayuntamientos con 22%.
Asimismo, un señalamiento recurrente identificado por la Defensoría es la negativa de acceso al derecho a la justicia: dilación en las carpetas de investigación respecto a las agresiones de las que las personas defensoras de derechos humanos han sido objeto y rechazo a iniciar procesos de investigación o la obstaculización de las investigaciones.
La DDHPO urgió a las autoridades a sancionar cualquier acto que atente contra el libre ejercicio de las personas defensoras de derechos humanos, y con ello disminuir los altos niveles de impunidad de las agresiones a las que se enfrentan, pues este hecho favorece la repetición de tales conductas.
La DDHPO se pronunció por desarrollar, implementar y fortalecer acciones, mecanismos, políticas públicas y acciones legislativas que protejan el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y con ello, garantizar su derecho a defender derechos humanos.
"Las y los defensores de derechos humanos son esenciales en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, pues les dan voz a grupos históricamente invisibilizados, por ello las agresiones en su contra afectan a toda la población y dejan en la indefensión a las personas que apoyan", declaró.
Finalmente, la DDHPO reafirmó su exigencia de crear una política integral de protección, que parta del reconocimiento de la interrelación e interdependencia de las obligaciones que tiene el Estado para posibilitar que las personas defensoras puedan ejercer en forma libre y segura sus labores de defensa de los derechos humanos, "sólo de esa manera se podrá ir construyendo una sociedad de derechos", comentó.
