Preocupa a DDHPO desaparición de fideicomiso para proteger a defensores de derechos humanos

Si no existe un nuevo instrumento que garantice su integridad, quedarían expuestos, advierte; en los últimos cinco años ha integrado 58 expedientes por violaciones a derechos humanos de personas defensoras en Oaxaca

Preocupa a DDHPO desaparición de fideicomiso para proteger a defensores de derechos humanos
Foto: Ilustrativa Archivo EL UNIVERSAL
Sociedad 10/12/2020 19:43 Redacción Actualizada 19:43

Oaxaca de Juárez.— La reciente desaparición del Fideicomiso del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es un hecho preocupante para la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), luego de que el pasado 21 de noviembre el Senado de la República ratificó aprobar la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos.

En ese sentido, el órgano autónomo estatal declaró que de no existir un nuevo instrumento que garantice la integridad de las y los defensores, quedarían expuestos ante los riesgos que enfrentan.

En el marco de los días internacionales de las personas Defensoras de los Derechos Humanos, sostuvo también que se debe garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las personas defensoras, "porque sin su trabajo es imposible construir una sociedad igualitaria, participativa e incluyente".

Informó que en los últimos cinco años ha integrado 58 expedientes relacionados con quejas por violaciones a los derechos humanos de personas defensoras, siendo las autoridades más señaladas: Fiscalía General de Justicia del Estado con 44%, Secretaría de Seguridad Pública con 30%, y ayuntamientos con 22%.

Las quejas más recurrentes denunciadas por las personas defensoras de derechos humanos durante este periodo fueron: amenazas y hostigamientos (18%), así como de detenciones arbitrarias (32%), además de las quejas por negativa a cumplir medidas cautelares o por agresiones físicas.

Asimismo, un señalamiento recurrente identificado por la Defensoría es la negativa de acceso al derecho a la justicia: dilación en las carpetas de investigación respecto a las agresiones de las que las personas defensoras de derechos humanos han sido objeto y rechazo a iniciar procesos de investigación o la obstaculización de las investigaciones.

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La DDHPO urgió a las autoridades a sancionar cualquier acto que atente contra el libre ejercicio de las personas defensoras de derechos humanos, y con ello disminuir los altos niveles de impunidad de las agresiones a las que se enfrentan, pues este hecho favorece la repetición de tales conductas.

Así también, el órgano defensor recalcó como inquietante que persistan discursos y narrativas que descalifican y estigmatizan la defensa de derechos humanos, lo que polariza la percepción de la sociedad, logrando deslegitimar y crear un ambiente hostil para que otras agresiones puedan cometerse contra estas personas.

La DDHPO se pronunció por desarrollar, implementar y fortalecer acciones, mecanismos, políticas públicas y acciones legislativas que protejan el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y con ello, garantizar su derecho a defender derechos humanos.

"Las y los defensores de derechos humanos son esenciales en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, pues les dan voz a grupos históricamente invisibilizados, por ello las agresiones en su contra afectan a toda la población y dejan en la indefensión a las personas que apoyan", declaró.

Resaltó como "prioritario" garantizar la labor de quienes se dedican a defender derechos comunitarios, así como económicos, sociales, culturales y ambientales, "pues con sus acciones de defensa de tierras, aguas, bosques, se enfrentan a una situación de riesgo agravado por los intereses políticos y económicos que enfrentan, sobre todo, cuando se trata de la implementación de proyectos de infraestructura y desarrollo a gran escala".

Finalmente, la DDHPO reafirmó su exigencia de crear una política integral de protección, que parta del reconocimiento de la interrelación e interdependencia de las obligaciones que tiene el Estado para posibilitar que las personas defensoras puedan ejercer en forma libre y segura sus labores de defensa de los derechos humanos, "sólo de esa manera se podrá ir construyendo una sociedad de derechos", comentó.

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