Suman 37 quejas ante defensoría por violaciones a los Derechos Humanos durante la pandemia
Autoridades municipales, las más señaladas. Personal médico acusa riesgo de contagio y falta de equipos de protección
Durante el periodo de cuarentena y aislamiento impuesto por las autoridades federales y estatales como una forma de mitigar los contagios de coronavirus, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha iniciado 37 quejas y cuadernos de antecedentes por posibles violaciones a garantías en el contexto de la pandemia.
De ese total, 27 son quejas y 11 son, como tal, cuadernos de antecedentes, la mayoría por el actuar de autoridades municipales y las medidas tomadas en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19.
En segundo lugar, se ubican las quejas referentes al combate del virus y que están dirigidas hacia los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), principalmente por personal médico.
Excesos en municipios
Según datos de la defensoría, hasta el 4 de mayo el órgano había recibido 16 denuncias en contra de autoridades municipales. Siete de esas quejas acusan abusos como “detenciones arbitrarias, negarles la entrada o salida de la comunidad a la que pertenecen y retención de personas ajenas a la comunidad”.
En contra parte, cuatro de las quejas fueron interpuestas ante la DDHPO por la negativa de las autoridades municipales a acatar las medidas sanitarias para prevenir los contagios de coronavirus. Otras dos se presentaron para exigir a los ayuntamientos que informen sobre la presencia de personas contagiadas en territorio municipal.
El resto de las quejas contra los municipios argumentan desde la prohibición a comerciantes de desarrollar su actividad económica sin ofrecer alternativas; la suspensión del servicio de agua potable, lo que impide realizar las medidas de higiene necesarias por la contingencia, e incluso una persona acusa que la autoridad municipal difundió rumores sobre que ella estaba infectada por el virus.
Exigen trato digno
Tras los excesos de las autoridades municipales, el segundo grupo mayoritario de quejas está relacionado con el trato digno para el personal de Salud que combate la pandemia en primera línea. Ejemplo de ello son las cuatro quejas interpuestas por trabajadores sanitarios que están considerados como población vulnerable y en riesgo ante el coronavirus, y a quienes no se les ha permitido ausentarse.
A ellas se suman dos quejas de personal de Salud por la falta de material y equipos de protección para evitar el contagio. Además, médicos y enfermeras también llevaron ante el órgano autónomo la denuncia de que fueron retenidos en una comunidad del estado.
El personal de Salud incluso interpuso una queja específicamente contra Donato Casas Escamilla, titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), a quien acusaron de “llamar a la población que probablemente tiene Covid-19 a acudir a los centros médicos, generando con ello riesgo mayor de contagio”.
En lo que respecta a la atención, otra queja fue presentada por un paciente quien resultó con diagnóstico positivo del virus y le fue negado el servicio médico cerca de su comunidad, por lo que tuvo que ser trasladado a la ciudad de Oaxaca.
Foto: Cortesía
Derechos en conflicto
Según Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la DDHPO, es común que en situaciones de crisis, como la que actualmente vive el país, se lleven a cabo ciertas acciones que no necesariamente son las adecuadas para atender el fenómeno que buscan combatir.
Como ejemplo menciona a las autoridades municipales que, de inmediato, buscaron restringir la movilidad y los accesos a las comunidades y que, de acuerdo con datos de la defensoría, son al menos 121 municipios (Segob reporta 147); medidas que el defensor considera que no tienen bases científicas.
La limitación de los derechos humanos tiene que tener una justificación legal y estar sustentada en términos científicos, ser adecuada a los fines, no ser discriminatoria y tener una temporalidad. Si no se cumple esto, cualquier acción podría ser violatoria de derechos humanos”, señala en entrevista con EL UNIVERSAL.
El defensor explica que aun cuando ningún derecho humano es absoluto y los gobiernos tienen facultades para imponer estados de excepción, hay ciertos criterios que si no se cumplen, ponen en riesgo a los derechos humanos.
Aun así reconoce que, aunque esto no aplica en México, sí existen “derechos en conflicto”, como el de la salud y el de libertad de tránsito, pero insiste que cualquier decisión por cuestiones de salud pública tiene que estar justificada técnica y científicamente: “Situaciones de crisis son donde hay mayor riesgo de violaciones de derechos humanos, por lo que se debe exigir a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer, y que sus resoluciones estén apegadas a el enfoque de derechos”.
