A un año de su muerte, Sección 22 exige justicia por asesinato de defensor de la tierra en el Istmo

La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigió la presentación con vida del abogado y activista Ernesto Sernas García, quien se encuentra desaparecido desde hace dos años.

Su desaparición, denunció el gremio magisterial, ocurrió en el marco de la sentencia absolutoria que dictó el Juez Tercero luego de tres años de proceso contra 23 militantes de la organización política Corriente del Pueblo Sol Rojo.

Los miembros de esta organización fueron recluidos en penales federales acusados de terrorismo y portación de explosivos de uso exclusivo del ejército, tras ser señalados de ser los responsables actos vandálicos durante la jornada electoral del 7 de junio de 2015.

Ese día, de acuerdo con la Sección 22 del SNTE, estas 23 personas habían marchado en la ciudad de Oaxaca junto con ellos para manifestarse en contra de la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Los medios de prueba presentados por Sernas García permitieron demostrar tanto la inocencia de los imputados, como la responsabilidad del estado en la fabricación de pruebas y la criminalización de nuestros compañeros”, dijo.

Sernas García es doctor en Derecho Constitucional, catedrático, ensayista, conferencista y abogado postulante. La última ocasión en que fue visto ocurrió en su domicilio en San Agustín de la Juntas el 10 de mayo de 2018.

La Sección 22 del SNTE también exigió justicia para el defensor de derechos humanos y ambientalista, Luis Armando Fuentes Aquino, quien fue asesinado el 11 de abril de 2019 en San Francisco Ixhuatán.

“Fue asesinado en medio de una emboscada paramilitar un día después de haber encabezado una movilización de campesinos y pescadores en contra de los megaproyectos en la Zona Oriente del Istmo de Tehuantepec”, aseguró el gremio magisterial.

Sostuvo que el homicidio de Luis Armando Fuentes Aquino es uno de los primeros asesinatos contra defensores de tierra y territorio bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que dos meses después de su asesinato, la Secretaría de Economía anunció el megaproyecto minero “Cerro Grande II”, con una concesión hasta por 50 años en la comunidad donde Luis Fuentes habitada y era originario.

“La Sección XXII CNTE-SNTE, nos pronunciamos por la aparición inmediata de nuestro hermano de lucha Ernesto Sernas García, y justicia para Luis Armando Fuentes Aquino, defensor de la tierra y el territorio en el Istmo de Tehuantepec”, comentan.