Por Covid-19, Poder Judicial da libertad anticipada a 15 personas y analiza más casos

Oaxaca de Juárez.- El Poder Judicial de Oaxaca informó que en mayo de 2020 se le otorgó la libertad anticipada a 15 personas recluidas en centros penitenciarios del estado; y aún se sigue con el análisis de nuevos casos para estar en posibilidades de otorgar este beneficio a otro número de personas privadas de su libertad.
Estas acciones, detalló, son ante el incremento de contagios por el virus SARS-CoV2 o coronavirus y por razones humanitarias, hacia quienes están próximos a finiquitar su pena de prisión.

De manera coordinada, explicó que los representantes de las instituciones analizaron y valoraron por delito y conducta, diversos expedientes, privilegiando el derecho a la salud e integridad, para que otro grupo de personas reciban próximamente este beneficio y cuenten con la oportunidad de reintegrarse a sus hogares y a la sociedad.

Asimismo, informó que se revisaron expedientes y casos de mujeres privadas de su libertad, para contemplar la aplicación del esquema de libertad anticipada a este sector vulnerable de la población, otorgándoles el derecho de reunirse con sus seres queridos, hijos y demás miembros de su familia.

“En los primeros días del mes de mayo, se realizaron las primeras liberaciones anticipadas por razones humanitarias a 15 personas que se encontraban en centros de reinserción en las diferentes regiones, destacando a nivel nacional como uno de los pocos estados que llevan a cabo este tipo de acciones para mitigar los contagios por coronavirus”, aseguró.

Apuntó que al hacer efectivo el principio de proporcionalidad de la pena previsto en el artículo 22 Constitucional, las instituciones establecen líneas de acción para favorecer y privilegiar la dignidad de quienes cumplen condenas por delitos en materia penal, la cual ya ha sido considerada por diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos.

En Oaxaca, mencionó, existen actualmente 10 centros penitenciarios donde se encuentran cuatro mil 300 personas privadas de su libertad, “a quienes se les debe garantizar su derecho a la salud e integridad”.