Juez de Oaxaca da 10 días a diputados federales para arrancar con Ley de Consulta Indígena, pendiente desde hace 19 años
Además, advirtió con multa de 50 unidades de medida y actualización a cada uno de los diputados del Congreso de la Unión. Esto, en el caso de no iniciar el procedimiento legislativo dentro del plazo de diez días se impondrá a cada uno de los diputados y senadores
Oaxaca de Juárez.— El juez decimoprimero de distrito en Oaxaca, José Luis Evaristo Villegas, ordenó al Congreso de la Unión iniciar en un plazo de 10 días, el procedimiento legislativo que finalizará con la emisión a nivel federal de la Ley que reglamente la Consulta Previa Libre, Informada, Adecuada culturalmente y de Buena Fe para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Ley de Consulta Indígena).
La resolución se decretó el pasado 5 de octubre de 2020.
Al resolver el juicio de amparo 526/2018, impulsado por la organización civil Litigio Estratégico, el juez federal emplazó al Congreso de la Unión a dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 10 de junio de 2020 y presentar la Ley de Consulta Indígena a más tardar el 31 de agosto de 2021, previa consulta a los pueblos y comunidades indígenas de México.
Además, advirtió con multa de 50 unidades de medida y actualización a cada uno de los diputados del Congreso de la Unión. Esto, en el caso de no iniciar el procedimiento legislativo dentro del plazo de diez días se impondrá a cada uno de los diputados y senadores; es decir, la multa asciende a 4 mil 44 pesos.
De acuerdo con la resolución, los legisladores federales también deberán tomar todas las medidas preventivas contenidas en el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID 19), en los procedimientos de consulta que realicen.
Litigio Estratégico Indígena promovió este amparo contra el Congreso de la Unión por la omisión de los legisladores que en 19 años no han impulsado la construcción de la ley general de consulta previa libre e informada para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Carlos Morales, el representante de Litigio Estratégico, explicó que el proceso jurídico que iniciaron también es para que la ley que se construya en cumplimiento a la sentencia de amparo otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sea una herramienta de interlocución de los pueblos indígenas con el gobierno federal que instaura megaproyectos sin escuchar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
“En primera instancia, el juez Decimoprimero de Distrito en Oaxaca, concedió el amparo y el Senado de la República interpuso el recurso de revisión por oponerse a dicha sentencia. La revisión fue enviada a la SCJN. Finalmente, el 10 de junio de 2020, el caso fue resuelto por la SCJN. El máximo tribunal del país desestimó los agravios del Senado y ordenó al Congreso de la Unión construir la ley de consulta previa de la que han sido omisos desde el 14 de agosto de 2001.
