La universidad reconoció que han existido “conductas impropias” por parte de dos profesores, actos que “han dado lugar a una queja de las alumnas involucradas”, por lo que aseguró que inició en su momento los procedimientos administrativos correspondientes, pero garantizando el derecho constitucional de audiencia a los profesores acusados.
A través de un documento oficial enviado a EL UNIVERSAL, las autoridades educativas recordaron que “profesores y alumnos son ciudadanos mayores de edad, que tienen derecho a establecer y mantener las relaciones que libremente decidan”.
“Se le pidió que presentara la renuncia voluntaria a la universidad, pero, como era su derecho, se negó a ello. Si hay una sentencia condenatoria, el Consejo Académico tomará la decisión adecuada, que podría ser la expulsión”, dice el documento.
De acuerdo con la Unistmo, se iniciaron procedimientos administrativos contra ambos profesores acusados, mismos que actualmente siguen su curso; sin embargo, mientras no se concluyan, siguen siendo participes de labores académicas como la impartición de clases, ante lo que la institución aseguró que en las actividades que se les asignaron “no tienen ninguna relación con las estudiantes ofendidas”.
Al respecto la Unistmo califica lo anterior como una serie de ataques y asegura que existe como trasfondo una “campaña iniciada por una profesora con el apoyo de otros dos, y que responde a intereses personales menos respetables”.
Según la universidad, el 17 de mayo del 2019, alumnos protestaron ante las autoridades universitarias contra “la incompetencia académica y actitud déspota de la profesora” y pidieron que les pusieran otros profesores.
“Resultado del análisis que se hizo de la situación, tras escuchar a ambas partes se exhortó a la profesora a mejorar su calidad académica y modificar su actitud. Hubo nuevas quejas de los tres grupos de estudiantes, presentadas los días 5 y 11 de febrero del 2020, cuando se volvió a reconvenir a la profesora, por haber persistido en su actitud”, indica.
También afirma que otra profesora, a quien también culpan de “la campaña de ataques” es objeto de investigación, por “violación grave de los reglamentos universitarios”.
La Unistmo asegura que continuará exigiendo el cumplimiento de las normas que garantizan la convivencia de los universitarios, respetando “los derechos de los profesores y estudiantes” así como de los trabajadores o funcionarios, “que incluyen las relaciones libres con otros ciudadanos”.
Pese ello afirma que adoptará las medidas necesarias, en el ámbito de su competencia, para castigar toda “conducta impropia de universitarios o que interfiera con las libertades de los demás”.