Oaxaca de Juárez.- A través de la Red de Género y Medio Ambiente, ocho organismos nacionales y 117 organizaciones sociales, así como 315 personas exigieron protección inmediata para las integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y para la periodista Soledad Jarquín Edgar, quienes han sido amenazadas de muerte tras denunciar el estancamiento del caso del asesinato de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín.
“En Oaxaca se vive un clima de inseguridad, impunidad y agresión contra las personas y organizaciones que levantan su voz para exigir justica. Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C. es una organización que se ha destacado en la defensa de los derechos de las mujeres, de los movimientos por la justicia y por la defensa de la paz y la democracia. En los últimos meses sus esfuerzos han estado enfocados a no permitir que el asesinato de María del Sol Cruz Jarquín quede en el olvido y en la impunidad”, cita el documento firmado.
El pronunciamiento expone que tras denunciar la dilación del proceso legal y las carpetas derivadas del asesinato de la joven María del Sol Cruz Jarquín, hace dos años en Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, las activistas, parte del acompañamiento legal de la madre de María del Sol, así como la propia Soledad Jarquín Edgar, han sido blanco de “ataques y amenazas cobardes” que buscan amedrentarlas y que ponen en riesgo no sólo su labor, sino su integridad física, emocional y su vida.
Dichas amenazas escalaron el pasado 15 de junio, luego de que personas desconocidas dejaron un mensaje intimidatorio con amenazas de muerte junto con restos de animales frente a las oficinas de la organización.
Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió una carpeta de investigación y ordenó a cuerpos de seguridad estatales y municipales, otorgar protección a dicha organización civil.
El pasado 2 de junio se cumplieron dos años del triple homicidio en el que asesinaron a María del Sol, cuando acompañaba a la candidata a segunda concejal de Juchitán, Pamela Terán y a su chofer Adelfo Guerra; en ese lapso, sólo se ha concretado la aprehensión de un presunto involucrado material.
Mientras que los funcionarios señalados por obligar a la joven a cubrir una campaña política como parte de sus funciones en la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), Hageo y Francisco Montero López, no han sido sancionados, y el primero ostenta un cargo en el Cabildo juchiteco.
Tras exigir la protección inmediata de las afectadas y señalar la responsabilidad directa de autoridades estatales en las amenazas y la vulnerabilidad que enfrentan las integrantes de la Consorcio y Jarquín Edgar, las organizaciones hacen un llamado a otros grupos civiles a sumarse para garantizar justicia en el caso.
