Hace dos años, recuerda, le arrebataron la tranquilidad de una vida plena. Pasó a vivir oculta, avergonzada de sí misma por las lesiones que dejó el ácido en su piel. “Las mujeres hemos vivido una violencia tan extrema que nos han obligado a escondernos”, dice.
La familia Vera, además, ha recurrido a comprar la voluntad de mujeres para pedir la libertad del también empresario gasolinero. Esto a través del movimiento Frente Único de Mujeres Mixtecas, en cuya página de Facebook, a pesar de que afirman estar a favor de la justicia para María Elena, la revictimizan mediante cuestionamientos a su apariencia, forma de vestir y motivaciones, así como el avance de su recuperación.
Foto: Mario Arturo Martínez
Las hijas del empresario incluso sostienen una campaña para repartir despensas en comunidades de alta marginación, a nombre de una fundación llamada VECA, en alusión al nombre de Vera Carrizal.
“Posiblemente existe trata de personas, que consiste en explotar y usar a la gente para acciones que son ajenas a una legitimidad (...) Están cometiendo otros delitos como el de discriminación contra la víctima, por el simple hecho de que ella está luchando por justicia”, señala la abogada de María Elena, Diana Cristal González Obregón.
Explica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicta el derecho de las víctimas a un debido proceso, en el que se frene la revictimización, mismo que también está contenido en la Constitución mexicana.
Por ello, el equipo legal de María Elena lleva a cabo acciones para que estos delitos no queden impunes. “Exigimos que la fiscalía dé de baja estos perfiles en redes sociales que incitan a la violencia contra la víctima. ¿Qué espera la fiscalía, qué espera el gobernador?”.
Foto: Mario Arturo Martínez
En muchos casos, detalla, las víctimas y sus familias tienen que abandonar sus hogares ante la intimidación que sufren.
En otros casos, las fiscalías estatales han retirado de las redes sociales las páginas de desprestigio contra las víctimas; no obstante, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) no ha hecho lo mismo.
La especialista afirma que las marchas a favor de Vera, por ejemplo, obedecen a intereses políticos y económicos. “Pasa cuando son agresores que pertenecen a partidos políticos, mueven sus bases, son mujeres que apoyan a su partido. Es una práctica recurrente en el crimen organizado”.
Para María Elena Ríos, la campaña de odio en su contra abona a una situación de por sí difícil de sobrellevar. “Pretenden sembrarle odio a las personas en nuestra contra, tratando de desvirtuar el delito y dejar fuera de foco la ejecución de la última orden de aprehensión.
“¿No tengo derecho a intentar seguir adelante y recoger los pedazos de mi vida? ¿Tengo que verme moribunda para validar mi calidad de víctima? Arrebataron mis sueños, planes y proyectos; quedé muerta en vida, pero sigo adelante porque quiero volver a vivir”.