Mujeres triquis exigen justicia a 10 años de ser desplazadas de San Juan Copala
“Se está perdiendo la lengua, la cultura, nuestras tradiciones. Todo eso lo estamos perdiendo aquí, porque no es nuestra comunidad”, denunciaron
Oaxaca de Juárez. — Reyna Rodríguez Flores, una de las pobladoras desplazada de San Juan Copala, comunidad habitada por la nación triqui y ubicada en la región Mixteca de Oaxaca, exigió al Gobierno de Oaxaca justicia, tras cumplirse más de 10 años desde que viven en el zócalo de la capital de estado.
Lo anterior, dijo, pese a que ella es titular de una medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tampoco ha garantizado el acceso a la justicia.
“Salimos cuando estaba el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, llegó Gabino Cué y en sus cinco seis años que estuvo hubo mesas de trabajo, reuniones, pero no hubo ninguna solución. El gobernador Alejandro Murat no se ha acercado, no hay ninguna mesa de trabajo”, denunció.
Reyna Rodríguez aseguró que sus tierras y propiedades en San Juan Copala están invadidas por paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), mientras que existen órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables que no han sido ejecutadas por la Fiscalía General del Estado (FGEO).
La desplazada de San Juan Copala desmintió que hayan pedido dinero o recursos al gobierno del estado para pagar la renta de las viviendas que habitan, o apoyos para la educación de sus hijos.
“Nos tachan de vividores, de que queremos vivir siempre del gobierno”, nosotros no estamos exigiendo eso (apoyos), queremos regresar a nuestro pueblo y eso no se cambia.
Junto con un grupo de mujeres también desplazadas, la mujer señaló que lo único que buscan es regresar pronto a su pueblo, pues ahí están sus casas, su raíz y su cultura.
“Es lo que se está perdiendo aquí, la lengua, la cultura, nuestras tradiciones. Todo eso lo estamos perdiendo aquí, porque no es nuestra comunidad”, dijo.
Desde 2010, pobladores de esta comunidad triqui fueron desplazados con violencia por grupos armados que disputan el control de la región, y en cuyo contexto de conflicto se enmarca el asesinato de la activista Betty Cariño. Desde entonces, los pobladores habitan en un campamento instalado en el Palacio de Gobierno.
Apenas el pasado 17 de septiembre, Oswaldo García Jarquín, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, anunció que en coordinación con el gobierno estatal se solicitará que las organizaciones que mantienen plantones en el Zócalo desalojen la plaza ante el riesgo de que caigan más árboles centenarios, luego del desplome de dos laureles una semana pasada en menos de 48 horas.
