Lo anterior, dijo, pese a que ella es titular de una medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tampoco ha garantizado el acceso a la justicia.
“Salimos cuando estaba el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, llegó Gabino Cué y en sus cinco seis años que estuvo hubo mesas de trabajo, reuniones, pero no hubo ninguna solución. El gobernador Alejandro Murat no se ha acercado, no hay ninguna mesa de trabajo”, denunció.
La desplazada de San Juan Copala desmintió que hayan pedido dinero o recursos al gobierno del estado para pagar la renta de las viviendas que habitan, o apoyos para la educación de sus hijos.
“Nos tachan de vividores, de que queremos vivir siempre del gobierno”, nosotros no estamos exigiendo eso (apoyos), queremos regresar a nuestro pueblo y eso no se cambia.
“Es lo que se está perdiendo aquí, la lengua, la cultura, nuestras tradiciones. Todo eso lo estamos perdiendo aquí, porque no es nuestra comunidad”, dijo.
Desde 2010, pobladores de esta comunidad triqui fueron desplazados con violencia por grupos armados que disputan el control de la región, y en cuyo contexto de conflicto se enmarca el asesinato de la activista Betty Cariño. Desde entonces, los pobladores habitan en un campamento instalado en el Palacio de Gobierno.
Apenas el pasado 17 de septiembre, Oswaldo García Jarquín, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, anunció que en coordinación con el gobierno estatal se solicitará que las organizaciones que mantienen plantones en el Zócalo desalojen la plaza ante el riesgo de que caigan más árboles centenarios, luego del desplome de dos laureles una semana pasada en menos de 48 horas.