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Según datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), detalló, 12.2% de las niñas que han sido abusadas por sus familiares en el país son de Oaxaca; el 13% se concentran en Guerrero, en Michoacán el 13.3% y en Chiapas el 13.8 por ciento de los casos.
“Especialistas señalan que 1 de cada 5 niños víctimas de abuso sexual se convierten en agresores al crecer; 40% de los agresores fueron violados en su infancia”, apunta.
“Es urgente voltear la mirada a nuestros Centros de Reinserción, por eso como Sociedad Civil Organizada, aprobamos que, para casos de agresores sexuales de menores, la iniciativa contemple que las visitas de convivencia con sus hijas o hijos menores de edad, estén sujetas a la autorización de las autoridades competentes, en razón de las evaluaciones que se realicen al sentenciado de carácter médico, psicológico, psiquiátrico y cualquier otra que se requiera, para determinar el riesgo que representa la convivencia con los menores.”
“Es urgente segregar a pedófilos dentro de los centros de reclusión, creando espacios libres de violencia dentro de las cárceles y aplicando técnicas para atender las necesidades que son completamente diferentes al resto de la población penitenciaria con el objetivo de proteger y no revictimizar a los niños, niñas y adolescentes que están en contacto con el Sistema de Justicia Penal de nuestro país”.
Además, agregó que de acuerdo con la OCDE, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil.
Mientras que la información que Inegi señala es que de mil casos de abuso, sólo se denuncian ante la justicia 100, de esos, sólo 10 van a juicio y de ahí, sólo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99% y la cifra negra, aún mayor.
En ese sentido, dijo que también respaldan que la iniciativa contemple la creación del “Registro Nacional de Personas Agresoras Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes”, con el propósito de poder identificar los nombres de los agresores sexuales de menores que han sido sentenciados y condenados, que sirva a las autoridades competentes, judiciales y administrativas, así como a la sociedad en general, para tomar medidas de prevención de riesgos para niñas, niños y adolescentes.
