Más Información
El Colectivo afirmó que el modelo extractivo y económico del gobierno federal, sus concesiones y proyectos mineros es la principal amenaza para los pueblos porque se imponen violentamente, despojando de las riquezas mineras, culturales, espirituales y organizativas que le dan sentido de pertenencia a nuestra madre.
Tras 10 años de resistencia, apuntó, no se puede defender su causa común de manera aislada sino que debe ser de manera organizada y eso implica una mira amplia del territorio.
Así como el respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades que a través de sus instancias de toma de decisiones internas ya han dicho no a la minería; a la Semarnat la no autorización de la solicitud de los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto San José del Progreso II; castigo a los responsables de la contaminación del Rio Coyote, en Magdalena Ocotlán y la muerte masiva de los peces en la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, y a todos los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de los defensores y defensoras comunitarias que les han arrebatado la vida en la defensa del territorio.
También denunciaron que las prácticas extractivistas de apropiación de sus prácticas culturales ancestrales que se han sido folclorizadas y despojadas de todo sentido colectivo.
“Exigimos a las empresas mineras y al Estado que respeten nuestras declaratorias políticas, agrarias y municipales con las cuales hemos expresado nuestra voluntad colectiva, a través de las asambleas, afirmando que nuestros territorios son prohibidos para la minería”.
