El pasado 22 de julio de 2019 comunidades y organizaciones de la sociedad civil realizaron la “Guelaguetza de los pueblos contra la minería” en la Presa de agua Yuguvene, en San Martin de los Canseco.

De acuerdo con el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios esta actividad se llevó a cabo como “una fiesta de la resistencia para seguir defiendo la madre tierra, para sembrar y expandir conciencias en el cuidado y protección de la madre tierra que nos ve nacer y nos recoge cuando le rendamos tributo”.

Asimismo, se realizó en el marco del Día Estatal de Rebeldía Contra la Minería, que se estableció en 2016 en San José de las Huertas.

“La Guelaguetza, como fiesta de los pueblos, es un pilar fundamental que debemos seguir fortaleciendo para generar lazos de fraternidad, solidaridad, participación, apoyo y compromiso colectivo para el cuidado y defensa del territorio: agua, bosque, tierra, viento y mar”.

El Colectivo afirmó que el modelo extractivo y económico del gobierno federal, sus concesiones y proyectos mineros es la principal amenaza para los pueblos porque se imponen violentamente, despojando de las riquezas mineras, culturales, espirituales y organizativas que le dan sentido de pertenencia a nuestra madre.

Tras 10 años de resistencia, apuntó, no se puede defender su causa común de manera aislada sino que debe ser de manera organizada y eso implica una mira amplia del territorio.

Durante la celebración de la “Guelaguetza de los pueblos contra la minería” las comunidades y organizaciones de la sociedad civil exigieron la cancelación de las concesiones mineras emitidas en territorios de ejidos y comunidades de Tlacolula, Ocotlán y Ejutla.

Así como el respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades que a través de sus instancias de toma de decisiones internas ya han dicho no a la minería; a la Semarnat la no autorización de la solicitud de los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto San José del Progreso II; castigo a los responsables de la contaminación del Rio Coyote, en Magdalena Ocotlán y la muerte masiva de los peces en la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, y a todos los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de los defensores y defensoras comunitarias que les han arrebatado la vida en la defensa del territorio.

También denunciaron que las prácticas extractivistas de apropiación de sus prácticas culturales ancestrales que se han sido folclorizadas y despojadas de todo sentido colectivo.

“Exigimos a las empresas mineras y al Estado que respeten nuestras declaratorias políticas, agrarias y municipales con las cuales hemos expresado nuestra voluntad colectiva, a través de las asambleas, afirmando que nuestros territorios son prohibidos para la minería”.

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